DILACIONES CON OCASION DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL 

principal

Cursos, Seminarios - Información Gral - Investigación - Libros y Artículos - Doctrina Gral - Bibliografía - Jurisprudencia  - Miscelánea -  Curriculum - Lecciones de Derecho Penal - Buscador

 por Fernando del Cacho *

El presente trabajo tiene su origen en una investigación llevada a cabo en el invierno de 1996 en el Instituto Max-Planck de Derecho Penal extranjero e internacional de Friburgo de Brisgovia (Alemania) sobre el modelo alemán de admisibilidad probatoria. Aunque sea paradójico por el mayor desarrollo de la Ordenanza procesal alemana, resulta que en este punto algo puede aportar la experiencia española. La respuesta a los actuales problemas que viene presentando en el último lustro el modelo probatorio alemán, respetuoso con la Beweisantragsrecht, no es comparable con la ausencia de dificultades que presenta el rechazo de las pruebas en la práctica del foro en España, si bien ello no debe sumirnos en un ignorar un derecho a la prueba que si bien se reconoce expresamente en la Constitución española, no ha sido objeto de un desarrollo respetuoso con el contenido del mismo, por cuanto no sólo falta un catálogo de motivos de rechazo de las pruebas sino incluso una terminología adecuada sobre la base del concepto de solicitud de prueba.

2.- El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y su proyección en materia probatoria

a) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

a1) Su concepto y contenido desde una perspectiva de Derecho comparado

Se da la paradoja, como veremos posteriormente, de no ser posible determinar a priori y en general las condiciones para que quien haya de pronunciarse decida sobre la existencia o no de una dilación indebida, sino que hay que estar al caso concreto, teniendo en cuenta no sólo la distinta naturaleza del procedimiento a examinar sino también sus diferentes trámites. Y decimos paradoja, pues teniendo en cuenta las importantes consecuencias que se derivan del reconocimiento constitucional de un derecho entre las que se encuentra su vinculación a los poderes públicos, la ineficacia de las normas inferiores que lo vulneren, etc., no se entiende cómo pueden hacerse realmente eficaces dichas consecuencias, si se trata - como lo ha denominado el propio TC - de un "concepto indeterminado". Habrá que encontrar la solución en el caso particular, lo que permite afirmar, como ha hecho el TC, que estamos ante un derecho fundamental que ha de ser "dotado de contenido en cada caso" (STC 197/1993 de 14 de junio). Por nuestra parte no tenemos intención de realizar un exhaustivo examen acerca de la dilación indebida en el proceso, ni siquiera en el proceso penal, por lo que nos limitaremos, sin perjuicio de breves referencias a los textos internacionales, a la dilación indebida con motivo de la solicitud, admisión y práctica de las pruebas.

El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (STC 16/1982 de 28 de abril) que tiene una especial importancia aunque no exclusiva en el proceso penal habida cuenta los intereses en juego, ha sido inadecuadamente desarrollado por la jurisprudencia española y calificado, como un "concepto indeterminado" que además

exige para su adecuada satisfacción una expresa regulación que no existe. Se encuentra expresamente contemplado, como es sabido, en el artículo 24.2 de la CE que recoge la expresión "sin dilaciones indebidas" del artículo 14.3 c) del PIDCP.

El conocido artículo 6.1 de la CEDH, reconoce expresamente el derecho a que el proceso se desarrolle dentro de lo que viene denominándose un plazo razonable, lo cual debe ser puesto en conexión con el artículo 13 de la CEDH por el que quienquiera que sea lesionado en alguno de los derechos que la Convención le reconoce, goza de una protección jurídica "efectiva" - como recoge el precepto, ante una instancia nacional.

Por otro lado se puede afirmar, a la vista del artículo 60 de la CEDH que ésta lo que ha querido es establecer tan sólo un mínimo a respetar por los Estados firmantes, debiéndose tener en cuenta que resulta difícil establecer las concretas garantías para el logro de esa pretendida "efectividad", propósito no sólo deseable para el derecho que ahora nos ocupa, sino para todos los demás. También debe tenerse en cuenta el artículo 5.3 de la CEDH que habla asimismo de un plazo razonable en los supuestos de detención o arresto. Pero por si fueran pocas las dificultades para el

llenar de contenido el derecho fundamental desde la inadecuada legislación poniendo el hecho en evidencia del legislador, que no de vaciar de contenido el derecho fundamental desde la legislación vigente".

establecimiento de tales garantías, hay que añadir la indeterminación en la que se encuentra la llamada "conveniencia de la duración de un proceso" que sólo puede ser valorada con referencia a particulares casos teniendo en cuenta principalmente tres criterios que la doctrina ha extraído de la jurisprudencia del TEDH:

1.- Alcance y complejidad de la causa.

2.- Su tratamiento por las autoridades y órganos jurisdiccionales intervinientes.

3.- El comportamiento del recurrente.

Existen investigaciones que han concluido que ni la Constitución alemana ni la CEDH garantizan en general un procedimiento rápido. Sólo es de esperar una mejora cuando los Tribunales tengan por sí mismos la posibilidad de resolver dentro de su competencia las dificultades que se plantean en orden al logro de un proceso efectivo, por lo que se han apuntado como medidas a tomar las siguientes:

1.- Organización y equipamiento personal de las oficinas judiciales.
2.- Mejora en la tramitación y circulación de los autos.
3.- Determinación del número de jueces que son necesarios.

que debe resolverse el recurso sobre la legalidad de la detención véase STEDH de 25 de octubre de 1989, BJC 135 (1992), págs. 175 y sigs. Además según el artículo 9.3 del PIDCP "Toda persona detenida o presa acusada de una infracción penal, será llevada sin demora ante un Juez".

4.- Mejora del procesamiento de datos (EDV-Einsatzes, Electronische Daten Verarbeitung).

5.- Potenciación de las atribuciones del Juez.

También se ha apuntado, como especialmente importante para la efectividad del derecho al proceso en el plazo razonable, una mejora en la calidad de la jurisprudencia, lo cual dependerá de la preparación y experiencia de los jueces, debiéndose poner especial hincapié en aquellos que atienden las primeras instancias.

También en Alemania se ha denunciado la excesiva duración de los procesos. Al igual que ocurre con el llamado derecho a la solicitud de prueba (Beweisantragsrecht), la Constitución (Grundgesetz) alemana tampoco reconoce expresamente el derecho a un proceso "rápido", lo cual no significa que este derecho no sea predicable del ordenamiento procesal alemán, como pone de relieve la jurisprudencia y doctrina que han desarrollado los artículos que brevemente pasamos a comentar. Así, en primer lugar, hay que estar al artículo 19.4 de la GG por el que se reconoce la posibilidad de acudir a los Tribunales (Rechtsweg offen) a quien vea lesionado su derecho por el poder público, y que ha sido interpretado como una garantía de efectividad (Effektivitätsgarantie), lo cual, en los supuestos en que por la prolongada duración de un proceso se produzca la mencionada lesión, permitirá al perjudicado accionar contra la República Federal de Alemania.

Por otro lado, también se ha invocado el artículo 103.1 de la GG en apoyo al derecho a un proceso "dentro de un plazo razonable" como dice la CEDH, en cuanto que el derecho a la audiencia pública contiene un aspecto temporal decisivo "zu einem Zeitpunkt und in einer Weise zu gewähren", y que ha conducido a la expresión "derecho a una audiencia pública en el debido tiempo" ("Anspruch auf rechtzeitiges rechtliches Gehör").

a2) Alcance del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es específico del proceso penal, aunque de la lectura del artículo 24. 2 de la CE parezca inferirse que los constituyentes estaban pensando en éste, sino que por el contrario su eficacia se extiende a otros órdenes jurisdiccionales, y así es posible hablar del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en cualquier "procedimiento" (STC 18/1983 de 14 de marzo), tanto en el civil (STC 10/1997 de 14 de enero), como en el laboral (STC 132/1994 de 9 de mayo), como en el contencioso administrativo (STC 180/1996 de 12 de noviembre).

La primera cuestión que en orden a su alcance plantea el artículo 6.1 de la CEDH se encuentra en ese "todos" con el que comienza el artículo y que no presenta grandes dificultades si se tienen en cuenta los artículos 1 ("a toute personne relevant de leur juridiction") y 25 de la CEDH, es decir, que alcanzará a toda persona sometida a la jurisdicción de cualquiera de los países firmantes de la Convención. A la vista del mencionado artículo puede afirmarse en general su validez para todo procedimiento judicial en el que se decidan derechos y obligaciones de los particulares, o como expresamente reconoce la Convención cuando se trate de "derechos y obligaciones de

Rechtswegs muss freilich dem Schutzzweck des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG Genüge tun: Sie muss das Ziel dieser Gewährleistung - den wirkungsvollen Rechtsschutz... verfolgen; sie muss hierfür den Rechtsuchenden zumutbar sein, insbesondere nicht unangemessen hohe verfahrensrechtliche Hindernisse für den Zugang zum Gericht aufstellen".

En relación con el proceso penal, puede afirmarse que el artículo comentado, y por consiguiente el derecho a que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razonable (délai raisonnable), es de aplicación incuestionable al menos en los siguientes supuestos:

1.- El procedimiento para decidir el mantenimiento de la prisión preventiva (Haftprüfungsverfahren).

2.- Procedimientos de petición de indulto (Gnadengesuche) y procedimientos en los que la pena, ya proclamada, esté pendiente de ejecución (Vollstreckung): remisión condicional (Strafaussetzung), aplazamientos de condena (Strafaufschub), libertad condicional (bedingte Entlassung), atenuación de la pena (Strafmilderung).

3.- El procedimiento para decidir la cancelación de la anotación (Eintragung) en el Registro de penados (Strafregister).

4.- Procedimientos para decidir las solicitudes de extradición (Auslieferungsgesuchen) ante los Tribunales de lo Penal (Strafgerichten) del país objeto de la reclamación.

5.- El llamado cambio de procedimiento (Umstellungsverfahren) en cuanto sirve para encontrar un fundamento legal de la valoración que originalmente se hizo.

6.- Procedimientos disciplinarios: la atribución al procedimiento disciplinario de carácter penal en el sentido del artículo 6. 1 de la CEDH va a depender (tras la resolución del Tribunal en el caso Engel y otros v. Holanda, STEDH de 8 de junio de 1976) especialmente del tipo de delito de que se trate y de la sanción que sea de esperar. Los procedimientos disciplinarios deberían incluirse en la esfera penal ante todo cuando conduzcan a la imposición de una pena privativa de libertad (Freiheitsstrafen), en cuanto así resulta de los artículos 5 y 6 de la Convención.

b) El derecho a la prueba

b1) Su concepto y contenido desde una perspectiva de Derecho comparado

El derecho a la prueba, inseparable del derecho de defensa (STC 97/1995 de 20 de junio) viene entendiéndose como el derecho a realizar una actividad en el proceso consistente en la "utilización" de medios de prueba para formar la convicción del juzgador, si bien con las limitaciones que después tendremos ocasión de analizar al referirnos a la "proposición", admisión y práctica de las pruebas y a su consideración de "pertinentes" por el órgano jurisdiccional. Así, según la STC 89/1995 de 6 de junio

"En lo concerniente al derecho a los medios de prueba pertinentes para la defensa, hemos declarado que dicho derecho fundamental implica el de proponer los medios de prueba autorizados por el ordenamiento..., pero no faculta, sin embargo para exigir la admisión de cualesquiera pruebas que puedan las partes proponer, sino tan sólo la recepción y práctica de las que sean declaradas pertinentes por los órganos judiciales...".

Por otro lado, si hallar la naturaleza jurídica de una institución significa buscar la categoría jurídica general en la que encuadrar la especie que se está estudiando, para el derecho a la prueba es obvio que no podrá hablarse de más naturaleza que la procesal, en cuanto se hace valer exclusivamente en el proceso. Se puede decir que el derecho de defensa comprende el derecho a la prueba, puesto que no se limita a postular el derecho de las partes a tener un defensor (defensa técnica) y a la autodefensa, sino incluso el derecho de no limitación de las propias posibilidades de defensa con una arbitraria restricción de los medios de prueba propuestos y respecto del propio objeto de prueba.

La constitucionalización del derecho a la prueba en el conocido artículo 24.2 de la CE, permite su consideración desde una nueva perspectiva, al tratarse de un derecho fundamental y como tal con una especial protección jurídica, si bien no se trata de un derecho de carácter absoluto como se infiere ya de la propia dicción del artículo mencionado, importando en especial la determinación de cuál sea su contenido esencial que goza como es sabido de la protección específica de amparo. De la simple lectura del artículo 24.2 de la CE salta a la vista que los constituyentes españoles estaban pensando en el proceso penal, con referencias expresas a la "acusación", aunque de ello sería erróneo inferir, como es obvio, que las garantías procesales que recoge el articulado sólo pueden postularse del proceso penal, pues muy al contrario y más en lo que a prueba se refiere - como demuestra su desarrollo jurisprudencial - estamos ante una garantía predicable en cualquier "procedimiento" (véase STC 97/1995 de 20 de junio), hasta el punto que entendemos que si no hay derecho a la prueba no puede hablarse de un verdadero proceso. Si además se tiene en cuenta el artículo 117 de la CE que establece el principio de unidad jurisdiccional en el funcionamiento de los tribunales, mal puede hablarse de unidad si éstos no cumplen en el proceso las previsiones constitucionales. Ahora bien, en relación con el derecho a la prueba, la cuestión que se plantea es la determinación de ese mínimo constitucional a respetar.

La CE de 1978 contempla expresamente el derecho a la prueba en el tantas veces citado artículo 24.2 al decir que "todos tienen derecho... a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa", optando por tanto por una formulación que plantea de inmediato, entre otras, las siguientes cuestiones: en primer lugar, la importancia y alcance de la constitucionalización de este derecho que pasa a tener categoría de derecho fundamental. En segundo lugar, el alcance de la significación de ese "para su defensa". Por último y directamente relacionado con la finalidad de este trabajo, qué debe entenderse por "utilizar medios de prueba pertinentes". Pues bien, en relación con la primera cuestión nadie pone en duda el "impacto" que la Constitución ha producido en todo lo que a prueba se refiere, no ya sólo al contemplar una serie de derechos directamente relacionados con la misma, sino también y muy principalmente por el juego de conjunto de los derechos fundamentales en general, que ha conducido a una visión del proceso penal más relacionada con la protección y salvaguarda de los derechos del inculpado que con la búsqueda a ultranza de la verdad material, queriéndose entender el proceso como una garantía de su libertad y de sus derechos. Esta impronta constitucional debe servirnos de punto de partida si quiere darse una lectura adecuada a la LECrim a la que dedicaremos buena parte de este trabajo. Como decíamos en segundo lugar, al decir el artículo 24.2 de la CE "para su defensa" pone de manifiesto la relación entre el derecho a la prueba y el derecho de defensa, configurado el primero como una de las principales manifestaciones del segundo e inseparable (STC 147/1987 de 25 de septiembre) del mismo sin que la referencia a ese "para su defensa" deba entenderse como un derecho exclusivo de una de "las partes", pues no en vano se comienza el artículo hablando de "todos". Ahora bien, el hecho de que la Constitución haya elevado a la categoría de derecho fundamental el derecho a la prueba, no significa que éste tenga un carácter absoluto, pues de su propia formulación se infieren limitaciones que es preciso aclarar. Aquí, y como decíamos antes en tercer lugar, se reconoce que el derecho a la prueba lo es a "utilizar los medios de prueba pertinentes", admitiendo que entre lo que debe entenderse por pertinencia y lo que ha llegado a entenderse hay todo un mundo de matizaciones.

Pero vamos a centrarnos en ese contenido esencial del derecho a la prueba con la ayuda del máximo intérprete de nuestra Constitución, teniendo en cuenta como acabamos de decir, que el propio artículo 24.2 de la CE se establecen limitaciones, y por otro lado que sólo "por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial" (artículo 53.1 de la CE) podrá regularse el ejercicio de este derecho. Dos caminos no alternativos sino complementarios pueden seguirse a la hora de determinar ese "contenido esencial":

"En primer lugar... acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se

puede hablar de una recognoscibilidad de este tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo se rebasa o desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección"

Aunque al principio ya hemos hecho referencia a ese tipo abstracto que menciona el TC, entendemos que éste no es suficiente para proceder a un análisis sistemático de su tratamiento por la jurisprudencia, si no hiciéramos, también "en abstracto", mención de principios e intereses jurídicamente protegibles aunque sólo sea mínimamente para que pueda hablarse de derecho a la prueba. En primer lugar, y ciñéndonos en lo sucesivo al proceso penal, antes de hablar del derecho a la prueba se debe tener en cuenta la obligación de oficio de esclarecer los hechos relevantes para la decisión, que constituye el llamado Ermittlungsgrundsatz, calificado en la doctrina alemana como el principio dominante no sólo del derecho a la prueba en el proceso penal sino de todo el proceso penal en general. El Ermittlungsgrundsatz significa que el Tribunal (Gericht) averigua por sí mismo los hechos, no estando sujeto a las proposiciones, solicitudes o aclaraciones que le hagan "las partes". Pues bien, lo dicho en torno a que "el Tribunal averigua por sí mismo", se entiende bien con lo que en España viene denominándose principio de investigación oficial que supone que "la actividad alegatoria y probatoria de las partes no vincula ni limita los poderes de dirección material del juez o tribunal dirigidos a la investigación (sumario) y prueba (juicio oral) de los hechos". En este sentido suele hablarse en la doctrina de defensa material o amplia en cuanto función pública en la que participan todas las autoridades y funcionarios que intervienen en el proceso penal y desde esta perspectiva el derecho a la prueba está precisamente al servicio de la "averiguación de la verdad", de que al juzgador se le faciliten los elementos de juicio para formar su convicción lo más conforme a la verdad de los

hechos a enjuiciar, de modo que lo que impida esa "averiguación (Ermittlung) de la verdad", el "esclarecimiento de los hechos" (Sachaufklärungs), atenta a ese "contenido esencial" del derecho a la prueba, y así es claro que si se impidiera la declaración de un testigo de descargo sobre los hechos que presenció, se podría estar a su vez impidiendo esa "averiguación de la verdad", del mismo modo que podría ocurrir tratándose de un testigo de cargo. Ahora bien, que el derecho a la prueba importe que "las partes" puedan "demostrar la verdad" o mejor, cooperar al esclarecimiento de los hechos, no significa que lo puedan hacer en general sino precisamente en el proceso, lo cual implica el juego de otros principios e intereses igualmente protegidos. Así se comprende mejor que el derecho a la prueba es en realidad el derecho a una determinada actividad procesal y como tal sometida al juego de los mismos principios que se predican en general del proceso y del procedimiento penal. La actividad procesal en que consiste la prueba no se podrá calificar como tal cuando se vulneren estos principios.

El derecho a la prueba, presente a lo largo de todo el proceso aunque unas veces más y otras menos limitado, es el derecho más importante de que disponen "las partes" en el proceso penal, a pesar de las posibilidades de abuso a las que se presta, en cuanto garantiza su influencia en el resultado del juicio así como su participación en el alcance de la práctica probatoria. Con anterioridad a la promulgación de la CE era lógico negar la existencia del derecho de "las partes" a la prueba en la fase de instrucción al quedar excluidas las reglas de publicidad, contradicción e igualdad. Entre las razones aducidas para poner en tela de juicio la existencia de un derecho a la práctica de determinadas diligencias en el sumario, la doctrina mencionó ya antaño la escasez de normas de las que inferir el reconocimiento del interés o facultad a la práctica de determinadas diligencias sumariales, y la amplia discrecionalidad de que goza el juez instructor en su admisión y posterior práctica.

Se ha querido ver precisamente en la concesión de un margen de discrecionalidad al "órgano instructor" una buena medida para conseguir la aceleración del proceso, aunque en la práctica esto se ha revelado ineficaz. En la fase de juicio oral tampoco la LECrim recoge expresamente un derecho de "las partes" a la prueba (artículos 656 y 728) - el derecho a los medios de prueba pertinentes, eminentemente procesal (STC 51/1985 de 10 de abril) - aunque sea indiscutible que subsista un interés de "las partes" a la prueba y que este interés esté protegido por la ley aun con limitaciones. La doctrina española se cuestionó si tal interés debía quedar tan sólo conceptuado como tal o si se debían encontrar otras vías que abriesen la posibilidad de elevarlo a la categoría de derecho. Hoy, tras el reconocimiento constitucional del derecho a la prueba (artículo 24.2 CE) debe darse una nueva lectura a artículos como el 312, 314, 320, 384, 622, 656 y 728, y entender que dicha elevación a la categoría de derecho ya se ha producido.

Los intentos de reformas procesales penales, como la llevada a cabo en Alemania en 1975, ponen de manifiesto que la finalidad de aceleración del proceso está por encima de la de reforzamiento de la posición jurídica del inculpado, de donde cabe inferir que también de su derecho a la prueba. No obstante no debe confundirse la pretendida celeridad con la limitación del derecho a la prueba. Se debe conseguir la celeridad, pero no a costa de las garantías que deben presidir el proceso penal, especialmente en el acto del juicio oral, hasta extremos que entendemos significan su negación, a lo que no ha sido ajena la jurisprudencia del TS como muestra la sentencia de 15 de febrero de 1963 que sin negar la "pertinencia" de la prueba que se intentaba, la rechaza por

transcurrir el plazo - no fijado legalmente por cierto - para la formulación de la protesta. También entendemos, con todo respeto, excesivo y atentatorio del derecho a la prueba, la denegación por incumplimiento de los requisitos de forma previstos en el artículo 656 de la LECrim (véase STS de 20 de mayo de 1964) por atentar al principio de verdad material que debe presidir el proceso penal.

Evidentemente el hecho de reforzar la posición del inculpado en la instrucción facilitándole el ejercicio de su derecho a la prueba, va en favor de la dilación del proceso (e incluso expresamente contra determinados artículos de la LECrim como el 314 que viene a decir que las diligencias rechazadas podrán pedirse en el juicio oral en claro favor de la aceleración), pero no es menos cierto que más dilación, más injusticia y más gasto produce el hecho de sentar en el banquillo a quien, de hacerse una instrucción diligente, nunca debiera haberlo ocupado, aunque ya se sabe que la justicia de los hombres no sólo les hace sufrir porque son culpables sino también para saber si son culpables o inocentes.

La Constitución (Grundgesetz) alemana no contempla expresamente el derecho a la prueba, pero es extensa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán (Bundesverfassungsgericht) donde se encuentra reconocido como una garantía constitucional. Hay quien lo califica como el derecho más importante que asiste a "las partes" en el juicio oral (Hauptverhandlung). Además está expresamente contemplado en el artículo 6 párr. 3 letra d de la CEDH, en el artículo 14 párr. 3 letra e del PIDCP, en el artículo 8 párr. 2 letra f de la CADH, así como en la Enmienda 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de 1791. El artículo 103 de la Constitución alemana garantiza en su primer párrafo el derecho de audiencia judicial

Segunda Parte

Cursos, Seminarios - Información Gral - Investigación - Libros y Artículos - Doctrina Gral - Bibliografía - Jurisprudencia  - Miscelánea -  Curriculum - Lecciones de Derecho Penal - Buscador

principal