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      Historia, presente y realidad del anteproyecto de reforma, actualización e integración del Código Penal Argentino.

Por Jorge Benavídez.

(Especial para el sitio http://www.terragnijurista.com.ar)

La Historia

Mediante el decreto N°678/12 del Poder Ejecutivo Nacional, el 7 de mayo del año 2012, se creó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e integración del Código Penal, presidida por nuestro máximo jurista penal y ministro de la Corte Suprema Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni e integrada por representantes de diferentes sectores políticos: León Arslanián, ex camarista, por el oficialismo; Marisa Elena Barbagelata, abogada penalista y ex diputada nacional, por el socialismo; Ricardo Gil Lavedra, ex camarista, por el radicalismo; y, Federico Pinedo, por el PRO. Fueron su secretario Julián Alvarez, por entonces Secretario de Justicia de la Nación y, el coordinador, Roberto Manuel Carlés, abogado penalista.

Como bien lo dice su nombre, el objeto de la Comisión fue elaborar un proyecto de ley, por lo tanto es un anteproyecto, para reformar, actualizar e integrar el fondo represivo nacional, tarea que efectivamente comenzó una semana después y duró 18 meses de intensa labor, concluyendo el 10 de diciembre de 2013, para coincidir con la conmemoración de los 30 años de la vuelta a la democracia y, el día internacional de los Derechos Humanos.

Con un gran esfuerzo y entusiasmo se recopiló copiosa información, se analizó derecho comparado, se estudió los antecedentes del Código Penal nacional y la doctrina y jurisprudencia nacional, supranacional y extranjera y, se relevó la totalidad de las leyes penales especiales; todo ello, siendo cuidadoso con la técnica legislativa.

Y para tal empresa, la Comisión contó con la colaboración de especialistas, organizaciones no gubernamentales, organismos de gobiernos, universidades e institutos universitarios y, organismos internacionales convocados a tal efecto.

Citaremos algunos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Poder Ciudadano, Madres del Dolor, Familiares de Víctimas de Delitos, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Universidad de Buenos Aires y la casi totalidad de la universidades nacionales del interior, más las privadas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y UNICEF.

El pasado 14 de febrero, la Comisión hizo entrega del documento conteniendo el anteproyecto de ley a la presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, para que ésta lo ponga a estudio de los técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (lugar donde se encuentra radicado actualmente). Luego, tal cual como fue entregado o con reformas y agregados, el Poder Ejecutivo podrá enviarlo al Congreso para su discusión y sanción como ley de la Nación, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

A estas instancias, el primero de marzo próximo pasado, el autor de estas líneas escribió un artículo que se publicó al día siguiente en la revista electrónica de la Asociación Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.com.ar), formulándose el siguiente interrogante: “¿SERA EL AÑO 2014 EL DE LA GRAN REFORMA PENAL?¿LUEGO DE MAS DE UNA DECADA DE REFORMAS SE LE PONDRA LIMITE AL PODER PUNITIVO?”

Y las dudas se planteaban a partir del impacto mediático que podría generar el trámite parlamentario, a pesar de que el texto del anteproyecto estaba consensuado en general entre sus integrantes, componentes éstos de diferentes sectores políticos con representación en el Congreso; y por otro lado, se preguntaba “(…) ¿Qué va a pasar con aquellos proyectos sancionados en una Cámara y que tienen gran  exposición mediática?”.

Y se profundizaba: “(…) A manera de ejemplo citamos el caso de los llamados delitos viales, donde la Comisión de Reformas que elaboró el anteproyecto de Código Penal, prescribió para el homicidio culposo en general una pena de cinco años para su figura base y, un agravamiento para los casos en que la culpa sea temeraria de hasta ocho años de máximo, clausurando la posibilidad, entendemos, del dolo eventual (…) En cambio los proyectos de diputados y senado, no hablan de agravantes por culpa temeraria, sino de omisión de auxilio y fuga y, de violaciones graves a las normas de tránsito. Así, el proyecto sancionado en la Cámara alta en 2011 y enviado en revisión a Diputados, impone una pena mínima de cuatro años de prisión y una máxima de doce años de prisión para cuando el homicidio culposo sea en ocasión de un accidente de tránsito, donde el autor violare el máximo de velocidad o no contare con habilitación o condujere con un exceso de alcohol en sangre; mientras que el sancionado en la Cámara baja y enviado en revisión al Senado a fines del 2013, impone una pena mínima de tres años de prisión y una máxima de seis años para casi los mismos supuestos”.

Y se hacía notar que “(…) En ambos casos, no se clausura el dolo eventual, dándose la paradoja en el proyecto del Senado, de que la culpa tendría una pena un cincuenta por ciento superior a la del mínimo del homicidio doloso (…) En síntesis, el proceso de sanción del nuevo código y el deseo de un Derecho Penal contenedor del poder punitivo, tiene sus bemoles y está por verse”.

Aclarando que el autor no es vidente ni portador de ninguna facultad psíquica sobrehumana, al día siguiente el referente del sector político llamado “peronismo renovador”, Sergio Massa, se despachó con una explosiva crítica contra el producto de la Comisión reformadora, sosteniendo que la inteligencia referida “(…) está pensado en los delincuentes y no en la sociedad (…)", y pidió a quienes lo critican que "(…) expliquen por qué ocho de cada 10 delitos son excarcelables" (publicado en http://www.minutouno.com el 6 de marzo de 2014) dijo convocando a una consulta popular para rechazar la iniciativa.

De la mayoría de los sectores políticos partieron críticas durísimas contra el ex jefe de gabinete de ministros, pero éste redobló la apuesta sosteniendo que "(…) Si mi posición es absurda, si no es sostenible, lo único que les ruego a todos los que me critican, (es) que le expliquen a la gente por qué bajan las penas. Por qué le bajan la pena al narcotráfico, a la trata, al proxenetismo. Que salgan y den la cara, como la dimos nosotros (…)". (publicado en http://www.minutouno.com el 6 de marzo de 2014)

Y más allá de aclarar que no es objeto de esta nota entrar en la polémica sobre los dichos del ex intendente de Tigre, ni mucho menos difundirla, lo cierto es que a los dos días estallar ésta, la oposición consideró que se debía suspender el envío del proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Congreso, porque no es momento apto para la discusión de una norma de tamaña importancia.

A su vez, los que insisten en seguir adelante con el trámite de sanción y dar el debate parlamentario del nuevo Código Penal, plantean que el 2014 no es un año electoral y con ese argumento, nunca sería “el momento”, concluyendo en redoblar la apuesta de Sergio Massa & Cía. asegurando que la mejor manera de desmentir a los detractores es haciendo público el texto y discutirlo.

Presente y realidad

La cuestión hoy, es entonces, meditar acerca de sí este es el momento adecuado para la discusión; y si lo fuese, ¿cuál sería el trámite?

En primer lugar, hay que saber que el texto del producto de la Comisión no se conoce oficialmente; algunos hemos tenido acceso a él antes de que el mismo Zaffaroni desmintiera que se haya publicado y, eso es lógico y procedente, porque el anteproyecto no es público. Lo será si el Poder Ejecutivo decide enviarlo –como está o modificándolo—a alguna de las dos Cámaras del Congreso nacional y, se publique en el Diario de Asuntos Entrados iniciándose de esta manera el trámite parlamentario correspondiente.

Segundo, ¿cómo sería la discusión?; el reglamento de ambas Cámaras del Congreso prevé que la labor parlamentaria se lleve a cabo en comisiones permanentes con distintas competencias, que se reúnen periódicamente y que son integradas por legisladores en la misma proporción al número de bancas que cada partido político posee en la Cámara. Esa discusión es pública.

Una vez que la comisión parlamentaria considera el proyecto de ley emite un dictamen aconsejando aprobarlo o no. Luego, ese dictamen, que puede contener modificaciones al proyecto original, en forma total o parcial, ingresa al Orden del Día y, a los siete días de su publicación en el mismo (cualquier ciudadano puede acceder al Orden del Día, por página Web) puede ser tratado en el pleno de la Cámara, que de aprobarlo pasará a la otra, que a su vez lo aprobará o lo devolverá con modificaciones a la Cámara originaria.

También, se puede constituir una comisión bicameral, es decir una compuesta por senadores y diputados. Así, el artículo 86 del Reglamento del Senado de la Nación prevé esta alternativa, la cual procede para el estudio de materias de interés común (de ambas Cámaras) o de cuya complejidad o importancia lo hagan necesario, para lo cual es necesario la aprobación de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara.

Tercero, ¿podría el Código Penal aprobarse a libro cerrado? No, El reglamento de ambas Cámaras ordena que los proyectos deben ser discutidos, votados y aprobados en general y en particular; no obstante, ese procedimiento podría ser obviado con la aprobación de la mayoría absoluta de las Cámaras y solamente si el proyecto hubiese habido sido dictaminado por unanimidad, que en la controversia que vivimos es improbable.

Cuarto, ¿la ciudadanía puede participar del debate? Si, al momento de realizarse la discusión en comisiones, puede decidirse que la misma se lleve a cabo mediante audiencias públicas, cuya realización, lugar, fecha y hora será publicitada por los medios de comunicación. Cualquier particular o asociación puede registrarse para hacer uso de la palabra y presentar la documentación que crea conveniente.

Cómo puede observarse, nada más lejos que la posible discusión parlamentaria pueda ser manejada por fuerzas malévolas u oscurantistas pro delincuencia.

Entonces, ¿cuál es el peligro de que el texto del anteproyecto, convertido posteriormente en proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sea enviado al Congreso Nacional?

Ninguno de los que se mencionan por los medios; el único peligro de sancionar una ley tan importante en momento políticos turbulentos (que no es menor), es que la discusión sea irracional y mediática derivando como en los tiempos de Juan Carlos Blumberg, en sanciones de puro corte demagógico que luego la Justicia sentencie como inconstitucional.

Para ejemplo, nos viene a la memoria la sesión de la Cámara de Diputados del día 7 de abril de 2004 --años en los que la dirigencia política pos 2001 estaba profundamente desacreditada--, en la que un hombre desde uno de los palcos asignados a los ministros o invitados especiales, seguía minuciosamente el debate de proyectos de ley, que buscaban aumentar desproporcionadamente las penas de varios artículos del Código Penal, anotando los nombres de los presentes y ausentes y criticando públicamente a los que abogaban por una discusión racional.

Se trataba del padre de un joven asesinado por sus secuestradores (años después, juicio mediante, se demostraría que actuaron con connivencia policial) y anunciado por la mayoría de los medios de comunicación como el hombre de gris, cuya llegada para salvar al país había sido fue profetizada por un tal Parravicini a principios de siglo. 

Juan Carlos Blumberg, que había presentado un petitorio a los presidentes de ambas Cámaras y solicitaba a cuanto micrófono que se le aparecía, que la ciudadanía lo acompañara con su firma para terminar con los asesinos, violadores, los menores que roban y matan, la salida anticipada de los condenados y para que la pena perpetua sea perpetua, sorprendió a todos los presentes cuando levantó su mano para pedir la palabra al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Mientras éste se hacía el distraído los asesores de la presidencia le informaban al hombre de gris que el reglamento no le permitía hacer uso de la palabra en la sesión.

Años después, a muchas de sus iniciativas parlamentarias que habían sido votadas con frenesí por legisladores de ambas Cámaras que proclamaban el fin de la “inseguridad”, la Justicia las declaró inconstitucionales.

Y sobre este parecido, es lo que habrá que pensar.

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