Al respecto, para ilustrar la postura a la que adhiero, voy a transcribir unos breves párrafos del interesante voto del Dr. Rubén Dario Jukic, con motivo del plenario "Zalazar" .

Dicho Magistrado afirmó que "...la ley contempla en todo su texto un solo supuesto de suspensión del juicio a prueba, abordando por un lado los casos a los cuales este instituto resulta aplicable en abstracto, y tratando por otro las condiciones que deben mediar para que se conceda el beneficio en concreto...".

Cuando pasó a explicar "los casos", refirió que "...el art. 76 bis, en sus párrafos primero y segundo define cuáles son los casos en los cuales en abstracto puede suspenderse el juicio a prueba. Además de emplear concretamente el vocablo "casos" en el inicio del segundo párrafo, que ello es así lo demuestra el hecho de que aquí la norma no establece que "será procedente" –o expresión de similar significado- la suspensión, sino solamente que se "podrá solicitar" la misma por parte del imputado...", agregando que "...Cuando al inicio del primer párrafo el art. 76 bis expresa "reprimido con pena..." evidentemente no alude al imputado, sino al "delito", del mismo modo que en el segundo párrafo el "máximo de la pena...aplicable" no refiere tampoco a una pena concreta seleccionada para un imputado, sino al máximo que puede ser aplicado (acepción del término aplicable) a un imputado de determinado "concurso de delitos", con lo cual está dando inequívocas muestras de lo que afirmamos. Baste considerar para desechar cualquier hipótesis distinta, que si estuviera previendo el caso de un "imputado...reprimido con pena..." lo sería de uno ya condenado, en cuyo caso no habría "juicio" que suspender a prueba...".

Por último, para seguir abonando su posición el Dr. Jukic explicó que: "...En los párrafos séptimo y octavo, el art. 76 bis consagra dos excepciones donde no obstante tratarse de delitos comprendidos en los "casos" previstos, de todos modos la suspensión del juicio a prueba no resulta en abstracto viable: cuando hubiese participado en el delito un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Si bien la norma coloca estos dos supuestos luego de detallar las "condiciones de procedencia" del beneficio y al final de la mención de todas ellas, estimo que la naturaleza de los mismos –operan en abstracto con indiferencia hacia el caso concreto- indica su permanencia a la definición de los "casos", y que –en consecuencia- se ubicarían sistemáticamente mejor luego de finalizado el segundo párrafo, como tercero y cuarto del artículo que estamos analizando...".-

1 Devoto, Eleonora A.: "La Probatión (a propósito de su incorporación al Código Penal Argentino)", en LL. 1994-D-797; Jauchen, Eduardo M.: "La suspensión del juicio a prueba", en Rev. Zeus del 6/10/94, pág.3; Kent, Jorge- García Torres, Tristán: "Probatión (un fallo que recepta una exégesis adecuada a la institución)" LL 1994-E-495; Reynaga, Juan Carlos: "La Ley 24.316 Análisis y aplicación de los institutos" LL 1995-D-1486; Solimine, Marcelo A.: "La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales", en la Ley 24.316" DJ 1994-2-177.

Como ya lo he adelantado, parte de la jurisprudencia que se ha receptado desde la puesta en vigencia de la ley 24.316 ha adoptado esta posición , aunque es justo reconocer que, en el ámbito de los Tribunales de la Capital Federal, la opinión se encuentra sumamente dividida, ya que una gran mayoría de los Tribunales Orales Criminales se inclinan por la solución de la interpretación amplia del artículo 76 bis del C.P., en donde estarían legislados dos casos totalmente diferenciados.

La cuestión, ha quedado definitivamente resuelta en el ámbito federal, a partir del pronunciamiento plenario emanado de la Cámara Nacional de la Casación Penal y denominado "Kosuta" , de obligada aplicación, por tanto, para los tribunales inferiores y que fuera criticada por buena parte de la doctrina .

En dicho plenario, se determinó sobre este punto concreto que "...La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y siguientes del Cód. Penal es la reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años...".

Como podemos observar, la interpretación que le ha dado al art. 76 bis del ordenamiento de fondo la mayoría de la jurisprudencia, incluidos dos plenarios dictados por Tribunales superiores, es la tesis restrictiva que -a mi modo de ver- se condice con la letra y el espíritu que le quiso dar el Legislador Nacional, al incorporar en el Código penal este instituto de política criminal.

3. Requisitos.

¿Cuáles son los requisitos que se deben reunir para que se ponga en marcha el mecanismo de la suspensión del juicio a prueba?. Se podría hacer una división en requisitos objetivos y subjetivos.

Serían entonces requisitos "objetivos": a) que sea el propio imputado quien solicite la puesta en marcha del instituto, sin que ello implique naturalmente una confesión o un reconocimiento de responsabilidad civil (es inadmisible que sea el fiscal, o el propio tribunal interviniente, quien obligue a la persona involucrada en un proceso penal a que se someta a determinadas reglas de conducta para extinguir la acción penal); b) que el delito adjudicado al imputado sea de acción pública y que se encuentre reprimido, en forma abstracta, con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda los tres años; c) que el procesado ofrezca hacerse cargo de la reparación del daño en la "medida de lo posible", quedando así expedita la vía civil, cuando el damnificado no acepte la reparación ofrecida; d) que exista, indefectiblemente, conformidad fiscal; e) que el peticionante no sea un funcionario público, acusado de un delito cometido en ejercicio de su función. Tal prohibición, se hace extensiva a todos aquellos sujetos que hayan participado en el hecho y no sean funcionarios públicos; f) que el delito imputado al peticionante no conlleve la pena de inhabilitación; g) si el delito ventilado en el proceso, se encontraría reprimido con pena de multa, en forma alternativa o conjunta con la de prisión, debe el peticionante abonar (como condición de admisibilidad) el mínimo de la multa; h) que los delitos motivantes del proceso, no se encuentren alcanzados por las previsiones de las leyes 23.737 –que reprime el tráfico de estupefacientes- y 23.771 –ley penal tributaria -, pues ambos cuerpos normativos poseen disposiciones que se asemejan bastante al instituto que nos ocupa.

La primera de ellas sería la de reducir el peso de la irracionalidad selectiva penal. Con este medio de simplificar el proceso penal se procura racionalizar el uso de los escasos recursos del Estado de modo que preferentemente sean dedicados a la persecución de delitos de mayor gravedad o identidad.

Tenemos, como principio rector, que la búsqueda de medios para lograr una correcta operatividad del sistema penal y conseguir así una mayor eficacia en la persecución de los delitos más graves, debe efectuarse sin que se conculquen las garantías previstas en nuestra Carta Magna, ni los tratados internacionales de derechos humanos.

En tal sentido, el instituto cumple acabadamente con dicho objetivo, pues la eficacia de su sistema se ha logrado a través de la limitación del poder punitivo del Estado, evitando el proceso, la condena, y la pena privativa de la libertad.

La segunda finalidad, que cabe extraer de la instauración del régimen correspondiente a la "suspensión del juicio a prueba", es la de que tiende a dar respaldo y una cierta protección a la víctima. Este es un tema que siempre ha sido dejado de lado, en un segundo plano, por el sistema penal argentino, ya que éste nunca se ha preocupado demasiado por la problemática de la víctima .

Mediante la implementación de la "suspensión del juicio a prueba", se ha procurado neutralizar esta situación y brindar –tan siquiera- una mínima protección o resarcimiento al perjudicado, por medio del recurso que permite al victimario "ofrecer" una reparación de los daños ocasionados por él a la víctima. Pero aún así –y es preciso ponerlo de resalto- la misma norma consagra ya una cierta limitación al ofrecimiento del imputado, en tanto se conforma con exigir que sea "en la medida de lo posible", formulación lo suficientemente vaga como para que cada operador la interprete como mejor le convenga.

Cierto es que, para el caso de que la víctima no acepte la propuesta –que lógicamente siempre estará muy por debajo de la capacidad resarcitoria real del proponente- queda subsidiariamente expedita la vía civil. Esto implica –por de pronto- que difícilmente obtenga en el corto plazo o aún mediano plazo una compensación satisfactoria para sus legítimas aspiraciones, siendo que tendrá que emprender un nuevo proceso para lograr el éxito a que tiene derecho.

Será, pues, un recurso de menguada eficacia en lo inmediato, pero, al menos, constituye un comienzo promisorio.

Sin embargo, el ofrecimiento de reparar el daño ocasionado no es el único elemento que permite intentar una eficaz tutela de la víctima de un delito, sino que ello también se puede obtener a través de las reglas de conducta que se le imponen al probado.

En efecto, si tomamos como ejemplo algún hecho ilícito derivado de situaciones de violencia familiar –como el de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, previsto en el artículo 92 del C.P.-, es posible que, aplicando al imputado determinadas pautas de conducta (como abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas), se pueda brindar, sin necesidad de esperar hasta la última parte del proceso, una protección medianamente eficaz a la víctima evitando así más rápidamente que ésta siga padeciendo los efectos del delito.

La tercer finalidad es la de lograr la internalización de ciertas pautas de conducta positiva en los imputados. Con la aplicación de las reglas de conducta, se trata de integrar socialmente a los imputados que soliciten la suspensión del juicio a prueba, como una manera concreta de brindar un sustituto tendiente a resolver los conflictos, sin que sean sometidos a un proceso penal.

En este sentido, la experiencia que he recogido durante los años en que ha sido aplicado el instituto, me indica que la mayoría de los probados solicita realizar trabajos, no remunerados, en favor de instituciones de bien público, como por ejemplo: hospitales, asilos, entidades intermedias, etc., con el objeto de poder prestar una importante ayuda social a aquellos semejantes que la necesitan, para de esa manera redimirse ante la sociedad por el hecho ilícito cometido.

La cuarta finalidad que puedo vislumbrar de la suspensión del juicio a prueba es la de evitar la aplicación de una eventual condena, de ejecución en suspenso.

Se trata de lograr que los seres humanos, sometidos a un proceso, no resulten estigmatizados durante mucho tiempo -a veces de por vida- por las derivaciones de una sentencia condenatoria. Sabemos que, en una sociedad como la nuestra una persona con antecedentes penales tiene serios problemas para reinsertarse socialmente, ya que no se le abren, como a los demás integrantes de la comunidad suficientes puertas para poder desarrollar su personalidad (no se les da trabajo, se ponen obstáculos para que puedan estudiar, etc.).

El instituto en cuestión, justamente intenta evitar –o al menos paliar- este serio problema, el cual -según mi opinión- es un elemento más que incide en los crecientes índices de criminalidad que tanto preocupan actualmente.

La quinta, y última finalidad es de carácter eminentemente utilitarista, ya que tiende a aliviar la tarea de los distintos operadores del sistema penal argentino. Aunque a algunos doctrinarios no les agrade la existencia de esta finalidad, lo concreto es que el legislador nacional sin dudas buscó también priorizar la posibilidad de descongestionar los atestados tribunales penales.

Es evidente, que con la vigencia de la ley 24.316 se ha logrado este objetivo, por lo menos en buena parte, puesto que –aunque, personalmente, sostengo un criterio más restrictivo- el catálogo de delitos en los que se puede aplicar el instituto es suficientemente amplio como para que -por ejemplo- en la Justicia Nacional en lo Correccional se pueda solucionar gran número de conflictos, en forma rápida y sencilla, permitiendo que quepa atender medianamente otras causas de mayor complejidad.

No es la solución salvadora, ni mucho menos, pero es innegable que viene a ayudar a atemperar la severa crisis que trae aparejada la aplicación estricta del principio de legalidad procesal.

8. Naturaleza jurídica.

La actuación de la suspensión del juicio a prueba se circunscribe, exclusivamente, al ámbito de la punibilidad, sobre la que opera bloqueándola en forma definitiva, si el imputado cumple con todas las pautas de conducta, o provisoria, si no las cumple.

Ahora bien, en base a tal circunstancia ¿cuál es su naturaleza jurídica?.

En primer lugar, podemos sostener que la suspensión del juicio a prueba no configura ni una pena, ni una medida de seguridad.

Para fundamentar tal aserto, voy a seguir los lineamientos esbozados por Julio De Olazábal, al decir que: "...Por más que materialmente las reglas de conducta que se impongan al beneficiario tengan similar horizonte de proyección que las penas y las medidas, esto es, prevenir la comisión de nuevos delitos, lo cierto es que ni la suspensión del juicio a prueba ni las reglas de conducta que ella acarrea configuran una respuesta a la comprobación judicial de un hecho delictivo, único supuesto en que, de conformidad al mandato constitucional (nadie puede ser condenado sin juicio previo -art. 18, Const. Nacional-) podría sostenerse la existencia de pena o medida de seguridad..." .

En segundo lugar, tampoco es una excusa absolutoria, puesto que en el instituto que nos ocupa existe, al decir del autor citado, una potencialidad punitiva que se mantiene incólume, hasta tanto se cumplan las reglas de conducta estipuladas, lo que no sucede con las excusas, cuya presencia extingue irremediablemente la potestad punitiva .

En tercer lugar, la figura bajo análisis no puede ser encuadrada dentro del instituto de la prescripción de la acción penal ya que, a pesar de arribar a una misma solución (falta de punición), éste último opera con el sólo transcurso del tiempo, mientras que para la suspensión a prueba se deben cumplir, en un tiempo determinado, ciertas reglas de conducta impuestas por el tribunal actuante.

Luego de éstas consideraciones, la conclusión a la que llegamos es que el instituto de la "suspensión del juicio a prueba" es una nueva forma de extinción de la acción penal, que no se halla incorporada al art. 59 del ordenamiento de fondo, y que depende exclusivamente de la voluntad del imputado, a aceptar y cumplir o no estrictamente con las reglas de conducta que se le impongan.

Para finalizar este punto, quisiera transcribir una definición, a mi entender muy interesante, que abarca todos los elementos de la suspensión del juicio a prueba "...podríamos conceptualizar a esta suspensión del juicio a prueba como una paralización del proceso penal, con potencialidad extintiva del ejercicio de la acción, limitada a determinados delitos (detectables por la pena con que se los conmina) y determinados acusados de ser sus autores (detectables por la posibilidad abstracta de lograr una condena condicional), sujeta en su operatividad inicial a la petición por el imputado (acompañada de la promesa de reparar el daño causado y someterse a un plan futuro de conducta) aceptada por el Juez con consentimiento fiscal, y condicionada finalmente al cumplimiento del plan trazado..." .