Razones de la reforma del Código Civil en cuanto a la relación de los procesos y de las sentencias para la indemnización de los daños provenientes del delito. Aciertos y desaciertos.”

 

Más allá de la clásica discusión sobre si la reparación de los daños provenientes de la comisión de un delito constituye una cuestión penal o civil, analizando nuestro marco normativo, esto es: el Código Penal Argentino, el nuevo Código Civil Argentino, y el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

 

1.- La reparación del daño causado por el ilícito cumple a la vez, una FUNCIÓN PRIVADA y una FUNCIÓN PÚBLICA.

Actualmente, no sólo se tiende a la satisfacción del INTERÉS DE LA VÍCTIMA, a la indemnización del afectado en particular. Sino además, se busca satisfacer el INTERÉS SOCIAL. Como explica CARLOS CREUS al analizar la evolución normativa en la materia: el carácter público de la reparación del daño producido por el delito implica que la misma es una consecuencia necesaria de aquél a la cual el Estado tiene que proveer sin esperar la actividad procesal de la víctima[1].

Y por otro lado, en concordancia con la nuevas corrientes penales “Victimológicas”, la reparación o compensación civil a la víctima pasa a ocupar un papel central en el proceso penal[2]. Lo cual encuentra respaldo normativo de jerarquía constitucional a través de lo dispuesto por el Art. 63.1 de la C.A.D.H.[3], y de la interpretación jurisprudencial a nivel supranacional que se ha efectuado de la misma.

“La reparación debe tener lugar en primer lugar a favor del lesionado; cuando esto no sea posible, no prometa ningún resultado o no sea suficiente por sí mismo, entonces también entra en consideración la reparación frente a la colectividad (reparación simbólica).”[4] Así sirve en definitiva, a la restauración de la paz jurídica.

En lo que respecta a la legislación santafecina, el nuevo C.P.P., también a la luz de dicha corriente científica penal, introdujo la figura del “Querellante”, en busca de garantizar no sólo la participación real y activa de la víctima en el proceso penal, sino también de asegurarle a ésta la posibilidad obtener una eventual reparación del perjuicio sufrido en el mismo proceso[5]. Desplazándose así definitivamente a la antigua figura del “Actor Civil”.-

 

2.- Se ha resuelto una vieja cuestión interpretativa entre los Arts. 1096 del Código Civil de Vélez Sarsfield y 29 del Código Penal de 1921.

El nuevo Código Civil de nuestro país a través de su Art. 1774 pone fin a un largo debate doctrinario sobre la contradicción entre el Art. 1096 de la anterior legislación civil y el Art. 29 del Código Penal, siendo obviamente aquélla norma previa a esta última. Así:

El Art. 1096 C.C., hoy derogado, rezaba: “La indemnización del daño causado por delito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal.”

Mientras el Art. 29 de la ley penal prevé: “La sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 3. El pago de las costas.”

Se discutía entonces: si eran compatibles ambas normas, y en consecuencia, si era posible realizar el reclamo civil en sede penal. Para lo cual la doctrina ensayó diversas respuestas, prevaleciendo la afirmativa. Consecuentemente, resulta acertado entiendo que la nueva legislación civil haya recogido éste aporte de los juristas y modificado el texto de la norma según lo establecido en el actual Art. 1774 C.C.: “Independencia. La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.”  

Desde el mismo encabezado del artículo el legislador deja a las claras que: la acción procesal por medio de la cual quien ha resultado damnificado por el hecho ilícito ejerce su pretensión de que se repare el daño, es independiente de la acción procesal que persigue la aplicación de una pena.

Pero además, en consonancia con el Art. 29 C.P., consagra un verdadero DERECHO DE OPCIÓN del damnificado[6]. Concretamente, al utilizar el término: “pueden” (“podrá” el Art. 29 C.P.) para referirse al ejercicio de las acciones. Quedará entonces a absoluto y exclusivo criterio de la víctima –en su sentido más amplio- demandar los perjuicios sufridos como consecuencia de un ilícito en el mismo proceso penal, o bien hacerlo por ante la jurisdicción civil. Más aún, en el primer caso, es decir, de optar por la vía penal, el nuevo Art. 1774 C.C. –in fine- remite expresamente a los códigos procesales o leyes especiales respectivos. Reconociendo así el legislador nacional de que se trata de cuestiones propias de la organización judicial y consecuentemente, reservadas a las legislaciones provinciales.

También aquí resulta importante traer al análisis el nuevo C.P.P. santafecino. Bajo el título: “Eventual reparación del perjuicio”, el ya mencionado Art. 99 hizo compatible el sistema con el Art. 29 del C.P[7]. Y dentro de los llamados: “Procesos Especiales”, los Arts. 364 a 369[8] regularon un PROCEDIMIENTO MONITORIO para la reparación del daño, siguiendo los pasos previos dados en nuestro país por el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut.

De esta manera y un tiempo antes aún de la sanción del nuevo Código Civil, nuestra legislación adjetiva dio por superada esta cuestión de contradicción del viejo Art. 1096 y el Art. 29 C.P., siguiendo la denominada: “Tesis de la Unificación de las acciones”[9]. Lo que significa que: si la víctima de un hecho ilícito a juzgarse por la justicia santafesina pretende una indemnización, podrá acudir al fuero civil o bien, como querellante, acudir al procedimiento monitorio (Arts. 364 y ss.) una vez firme la sentencia penal. Concluyendo ERBETTA al analizar en su obra este proceso especial que: “debe destacarse el criterio político adoptado que conduce prácticamente a una virtual derivación a las acciones resarcitorias por daños y perjuicios a sede civil”[10], fundamentalmente si atendemos al tiempo que puede llegar a tener que esperar la víctima para que la sentencia penal condenatoria adquiera firmeza, cuando ésta transita por las distintas instancias procesales legalmente previstas.

Antes de finalizar esta idea, otra cuestión que creo se debe resaltar es la modificación de los títulos dentro de los cuales se engloban los artículos del nuevo C.C. que aquí nos interesan tratar. No es un dato menor, sino otro acierto significativo del legislador, fundamentalmente si compartimos el criterio de que los títulos forman parte de la norma jurídica.

Mientras el anterior Código titulaba a su SECCIÓN SEGUNDA como: “De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones”, y en ella su TITULO VIII: “De los actos ilícitos”, y finalmente el CAPITULO IV: “Del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos”; la nueva legislación simplificó mucho más el tema, así se denominó al TITULO V como: “Otras fuentes de las obligaciones”, formando parte del mismo el CAPITULO 1: “Responsabilidad civil”, y por último su SECCION 11ª se tituló: “Acciones civil y penal”. Otorgando entiendo de este modo mayor claridad y precisión a cada conjunto de normas.-

 

3.- Nuevas y más excepciones a la regla de “Prejudicialidad”.

El viejo Art. 1101 del Código Civil establecía que: “Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes:

1° Si hubiere fallecido el acusado antes de ser juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos;

2° En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser intentada o continuada.”

 Por su parte, el novedoso texto del ahora Art. 1775 C.C., dispone: “Suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:

a) si median causas de extinción de la acción penal;

b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado;

c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.”

         Si bien en su primera parte, la anterior y actual norma no difieren en lo sustancial, si define expresamente ésta última el efecto suspensivo de la sentencia penal en relación al proceso civil. Lo cual se interpretaba del Art. 1101 C.C., pero no se regulaba puntualmente. Otra acertada implementación terminológica de la reforma.

         También el nuevo Art. 1775 C.C. incorpora excepciones a la regla antes citada, no previstas hasta ese momento. Tales como:

a)   La dilación del proceso penal que pudiese frustrar el derecho a la indemnización de la víctima, o

b)   La acción civil que se funda en un factor objetivo de responsabilidad.

En el primer caso, y compartiendo el pensamiento del Prof. TERRAGNI, cabría preguntarnos: ¿qué pasará cuando la sentencia civil y penal resulten no coincidentes? Sin dudas, se podría dar lugar a lo que él define como: “un escándalo jurídico”.

¿Qué ocurrirá entonces? Entiendo debemos aguardar la interpretación de nuestra jurisprudencia en relación a la aplicación de estas nuevas normas con clara incidencia en la materia y en el proceso penal.-

 

         4.- Influencia recíproca de las sentencias.

         Tal cual lo preveía anteriormente el Código Civil, pero ahora y aquí también con mayor precisión en los términos utilizados, el nuevo Art. 1776[11], como antes lo hacía el Art. 1102[12], establece el principio de “COSA JUZGADA” de la sentencia penal condenatoria en el proceso civil, en relación al HECHO y a la CULPA de su autor o partícipe.  

         En contraposición, el hoy Art. 1777 C.C.[13], regula los casos en que la sentencia penal determina que el HECHO no existió, o que el indicado no PARTICIPÓ en él de modo alguno, o que el hecho no constituye DELITO, o que no genera RESPONSABILIDAD PENAL para el sujeto, estableciéndose –como ya veremos- distintas consecuencias ante ello. Con lo cual, el nuevo texto legal supera ampliamente creo al derogado Art. 1103 C.C.[14], que refería solamente a la imposibilidad de debatir en sede civil sobre la existencia del “hecho principal” ante una sentencia penal absolutoria.  

         La favorable modificación del Código Civil en este aspecto, distingue dos supuestos:

a)   Si la sentencia penal decide sobre la INEXISTENCIA DEL HECHO o DE AUTORÍA (debió decir quizás “PARTICIPACIÓN” -en sentido genérico-), estas circunstancias NO podrán ser discutidas nuevamente en un proceso civil (1° párr.). Pero…

b)   Si la sentencia penal decide sobre la INEXISTENCIA DE DELITO (PENAL) o de RESPONSABILIDAD PENAL, si podrá discutirse ese mismo hecho en un proceso civil, en cuanto generador de RESPONSABILIDAD CIVIL (2° párr.).

 

Finalmente, resta analizar los casos en que la sentencia penal recae con posterioridad a la sentencia civil. Si bien la nueva redacción del Art. 1780 C.C.[15], resulta una vez más mucho más acertada que la del anterior Art. 1106 C.C.[16], básicamente se conserva la regla en tanto y en cuanto la sentencia penal dictada luego que la propia de un juicio civil, NO produce NINGÚN EFECTO sobre ella. Sin embargo, también aquí el legislador introduce excepciones inexistentes en el anterior Código Civil. Se trata de los casos en que la sentencia civil sea revisada, aunque previéndose exhaustivamente las condiciones y supuestos para su procedencia.    

   

         5.- Concepto legal de daño y contenido de la indemnización.

         Bajo el título: “Daño Resarcible”, la Sección 4       °, del Capítulo I, del TÍTULO V del nuevo Código Civil, en primer término nos proporciona el concepto legal de daño. Una definición necesariamente ayornada del mismo[17], y concordante con lo sostenido en el primer punto de este trabajo, en cuanto la reparación del daño causado por el delito persigue tanto la satisfacción del interés de la víctima como de la sociedad. Así: “ARTICULO 1737.- Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.”

         E inmediatamente después, el legislador trata el contenido o alcance de la indemnización como consecuencia de la responsabilidad civil, receptando expresamente en la redacción del actual Art. 1738 C.C., criterios que fueron surgiendo en nuestra doctrina y jurisprudencia a lo largo del tiempo con la aplicación del Código de Vélez Sarsfield[18]. En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil la idea de reparación comprende: 

a)   la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima,

b)   el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención,

c)   la pérdida de chances,

d)   las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima,

e)   de su integridad personal,

f)    su salud psicofísica,

g)   sus afecciones espirituales legítimas

h)   y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.-

 

6.- Incorporación en el Código Civil de figuras propias del Código Penal.

         Llegando al final de este trabajo, no podemos concluir el mismo sin hacer mención a la novedosa introducción en nuestra legislación civil de figuras penales, tales como: antijuridicidad y causas de justificación (Arts. 1717 y 1718 C.C.)[19], autopuesta en peligro de la víctima (Art. 1719 C.C.)[20], y consentimiento de la víctima ante el daño de los llamados: “bienes jurídicos disponibles” (Art. 1720 C.C.)[21].

         Considero que en general ello resulta asimismo acertado. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que anteriormente el término “antijuridicidad” ni si quiera era mencionado por la legislación civil, en contradicción a lo que el mismo significa. Esto es, una conducta típica es a su vez, antijurídica, cuando se contrapone a todo el ordenamiento jurídico y se adecua a lo que el tipo penal prevé, sin existir obviamente causa de justificación que la excluya.

         Volviendo a la cuestión de la responsabilidad civil entonces, y conforme los nuevos Arts. 1717 y 1718 C.C., toda acción u omisión que causa un daño a otro será antijurídica si no está justificada. Dando en consecuencia, derecho a la indemnización.

         En lo que respecta a las causas de justificación, se enumeran expresamente tres:

a)   la Legítima Defensa,

b)   el Estado de Necesidad, y

c)   el Ejercicio regular de un derecho.

 

Esta última ya se encontraba prevista en la legislación anterior[22], no ocurriendo lo mismo con la legítima defensa y el estado de necesidad, quizás por ello el legislador civil además de incorporarlas estableció expresamente los requisitos para su configuración, incurriendo estimo en un error al no hacerlo de modo coincidente con el Código Penal. Lo que puede llegar a generar en el futuro serios problemas interpretativos, fácilmente evitables con sólo mencionar las figuras y remitir implícitamente su conceptualización a la materia a la cual pertenecen.-  

 

HEMILCE M. FISSORE

 

 

  

 

 

 

       

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2017