principal

Cursos, Seminarios - Información Gral - Investigación - Libros y Artículos - Doctrina Gral - Bibliografía - Jurisprudencia  - Miscelánea -  Curriculum - Lecciones de Derecho Penal - Buscador

Por Javier Llobet Rodríguez

Catedrático de la Universidad de Costa Rica

Sumario. 1. La traducción costarricense de la parte general del Programa de Francesco Carrara. 1.1. La importancia de la traducción costarricense de la Parte General del Programa de Francesco Carrara. 1.2. La traducción del Programa de Carrara como parte de la tradición universitaria y educativa costarricense. 1.3. Los traductores costarricenses del Programa de Carrara. 2. Francesco Carrara, autor del Programa de Derecho Criminal. 3. Ideas fundamentales del Programa de Derecho Criminal.  4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

1. LA TRADUCCIÓN COSTARRICENSE DE: LA PARTE GENERAL DEL PROGRAMA DE FRANCESCO CARRARA (l889‑I890)

1.1. La importancia de la traducción costarricense de la Parte General del Programa de Francesco Carrara

            Costa Rica ha tenido una tradición de publicación de obras jurídicas en Derecho Penal. Sin embargo, de acuerdo con mi criterio, ninguna obra de Derecho Penal publicada en Costa Rica tiene la trascendencia que posee la publicación de la traducción de la Parte General del Programa de Francesco Carrara, principal representante de la Escuela Clásica, heredera del pensamiento ilustrado, realizada por Octavio Béeche Argüello y Alberto Gallegos Pacheco en los años 1889‑1890[2]. Debe tenerse en cuenta que al momento de llevarse a cabo la traducción se encontraban las enseñanzas de dicha Escuela en auge, aunque enfrentadas a las de la Escuela Positivista de Lombroso, Ferri y Garofalo.

            La importancia de la traducción mencionada es porque a Costa Rica le corresponde el honor de haber sido donde se tradujo por primera vez al castellano la Parte General del Progra­ma de Derecho Criminal de Francesco Carrara. El primer tomo se publicó en 1889, mientras el segundo tomo, que no comprendió la parte procesal[3], fue editado en 1890.

            Debe reconocerse que la Revista Escuela de Derecho, publicada por Cayetano de Estér en Madrid por los años 1863 y 1864, incluyó dos artículos de Carrara titulados: “Ideas sobre el Derecho Penal” y “De la enmienda del reo como único fundamento y fin de la pena”[4]. Igualmente que en el año 1877 se había publicado en España  “La teoría de la tentativa y de la complicidad o del grado en la fuerza física del delito”, traducida por Vicente Romero Girón[5], pero el Programa no llegó a ser traducido al castellano sino hasta que ocurrió ello en Costa Rica. Debe mencionarse que una traducción al francés de un volumen de la parte general de la cuarta edición ya había sido realizada en Francia en 1876, ello por Paul Baret[6] .

            La traducción costarricense llegó a circular en el extranjero, prueba de lo cual es que a ella hacen referencia juristas como Luis Jiménez de Asúa[7], Francisco Carsi Zacarés[8], Antonio Quintano Ripollés[9], Eugenio Cuello Calón[10] y Francisco Laplaza[11].

            Acerca de la importancia de la traducción costarricense, como la primera que se llevó a cabo al castellano, dice Luis Jiménez de Asúa que la ciencia penal costarricense “... tiene abolengo prócer, ya que hasta no hace muchos años sirvió de texto en su Escuela de Derecho, la traducción al castellano de Octavio Beeche[12] y Alberto Gallegos, del Programa de Carra­ra. A Costa Rica le corresponde, pues el honor de haber puesto en español la insigne obra, con más de treinta años de adelan­to,  de que nosotros emprendiéramos su traducción y más de medio siglo antes de que se vertiera al castellano en la Argentina”[13] (el subrayado no es del original).

Sobre ello mismo dijo Antonio Quintano Ripollés en 1953: “La pequeña República costarricense (...) ha mostrado (...) una constante fidelidad a los cánones científicos y legales de España, a la vez que honda preocupación por los temas jurídico‑penales. En ella comenzóse a traducir al castellano, mucho antes que en España misma y que en cualquier otro lugar de la Hispanidad, el magno Programa del Curso de Derecho criminal, del gran Carrara, el año 1889, por los penalistas locales Octaviano Beeche[14] y Alberto Gallegos. No aminora su mérito de pioneros el hecho de que, por diversas causas ajenas a su entusiasmo, no consiguiesen publicar más que el tomo primero[15] de la obra, al igual que años después en la Península, habiendo cabido recientemente a la Argentina (...), el honor científico de llevarla felizmente a cabo. Su ambicioso intento en un país de tan escasas posibilidades de todo orden como Costa Rica, se explica por la presencia en él de una alta preocupación científica, como la hubo, en efecto, bajo la égida de uno de los más conspicuos maestros del clasismo penal en el mundo hispánico, Rafael Orozco, profesor de la Universidad de Santo Tomás y presidente de la Corte Suprema”[16] (el subrayado no es del original).

Ya se hizo referencia al abolengo prócer de la Ciencia Jurídico Penal costarricense, como consecuencia de la traducción del Programa de Carrara, atribuido por Luis Jiménez de Asúa. Ese mismo insigne penalista y Francisco Carsi Zacarés, en un libro que publicaron en 1946, dijeron al referirse a los Códigos Penales costarricenses de 1870 y 1880: “La enseñanza del Derecho penal en Costa Rica era por fortuna, de buen cuño jurídico. No debe olvidarse que en 1889 se hizo allí la primera traducción en lengua castellana, de una parte del Programa de Francisco Carrara, cuidadosa y fiel, por Octavio Béeche y Al­berto Gallegos y que sirvió de texto en la Escuela de Derecho de San José, hasta hace muy pocos años”[17] (El subrayado no es del original). Señalan luego que la traducción costarricense fue realizada “con insuperable corrección de estilo”[18] (el subrayado no es del original). Indicó también Luis Jiménez de Asúa que la traducción costarricense “se vertió en buen castellano”[19].

Como se dijo arriba, la traducción costarricense se adelantó en más de un cuarto de siglo a la segunda traducción al castellano, la que se hizo en España, y en más de cincuenta años a la segunda traducción que se llevara a cabo en Latinoamérica. En efecto, no fue sino hasta 1922 que Luis Jiménez de Asúa emprendió la tarea de traducir al castellano el Programa de Carrara, ello como parte de un proyecto ambicioso, puesto que se trataba de una edición adicionada con la finalidad de actualizarla y adaptarla al Derecho Penal español. Llegó, sin embargo, solamente a traducir un volumen de la mencionada obra de Carrara. Una reimpresión fue publicada en 1925[20].

Entre 1944 y 1949 Sebastián Soler, Ernesto G. Gavier y Ricardo C. Núñez llegaron a publicar en Argentina la totalidad del Programa de Carrara, abarcando la traducción por primera vez tanto la Parte General como la Parte Especial[21].

Posteriormente, José Ortega Torres y Jorge Guerrero hicieron una nueva traducción de la totalidad del Programa, realizándose la publicación en Colombia[22].

            La traducción costarricense de la Parte General del Programa de Carrara hasta hace pocos años era prácticamente desconocida, aun en Costa Rica[23]. Prueba de ello es que paradójicamente fue durante mi estancia en el Instituto Max Planck de Derecho Penal en la ciudad de Friburgo en Brisgovia (R.F.A.), entre 1990 y 1995, que leyendo el libro “Códigos Iberoamericanos” de Luis Jiménez de Asúa y Francisco Carsi Zacarés[24] me enteré de la existencia de dicha traducción. En uno de los viajes que hice de vacaciones a Costa Rica traté de localizarla en la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, en la que no conocían de su existencia, ya que nadie había preguntado por ella. Sin embargo, se logró encontrar en dicha Biblioteca un ejemplar de la misma. También se localizaron ejemplares en las Bibliotecas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y del Colegio de Abogados.

Desde ese entonces consideré que debía rescatarse dicha traducción y publicarse una nueva edición. Los intentos que hice en aquel tiempo por lograr un apoyo editorial, aunque en un principio parecían bien encaminados, terminaron fracasando. No fue sino como consecuencia de una conversación que sostuve en abril del año 2000 con el Profesor de la Universidad de los Andes (Mérida) José Francisco Martínez Rincones, estudioso del pensamiento de Francesco Carrara[25], y del interés qué mostró él en la traducción costarricense, que se renovó mi entusiasmo por tratar de lograr el apoyo editorial para la publicación, entusiasmo que llegó a ser compartido tanto por la Editorial Jurídica Continental como por el ILANUD, traduciéndose en la publicación en 2000 de una edición en facsimil de la traducción costarricense del Programa de Carrara.

1.2. La traducción del Programa de Carrara como parte de la tradición universitaria y educativa costarricense

            Ya en 1876 Salvador Jiménez había publicado el libro “Elementos de Derecho Civil y Penal”[26], obra en dos tomos que estaba dedicada fundamentalmente al Derecho Civil, materia de la cual el autor era Catedrático en la Universidad de Santo Tomás. Por otro lado, en 1882 se había publicado el libro “Elementos del Derecho Penal de Costa Rica”[27], que comprendía tanto la Parte General como la Parte Especial del Derecho Penal. Dicha obra era de Rafael Orozco, también Catedrático de la Universidad de Santo Tomás[28].

La Universidad de Santo Tomás había sido creada en 1843, siendo disuelta en agosto de 1888, o sea antes de la publicación del Programa de Carrara en Costa Rica. Pero dicha disolución no implicó la de la Escuela de Derecho[29], la que continuó existiendo, convirtiéndose en 1940 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, año en que fue creada ésta. Ello lleva a que la Facultad de Derecho de dicha Universidad pueda con orgullo afirmar que tiene una existencia de 163 años, a pesar de que la Universidad de Costa Rica solamente cuenta con 66[30]. Eso mismo permite relacionar la traducción del Programa de Carrara con la tradición de dicha Facultad. Lo anterior ya que la traducción fue hecha por dos estudiantes de la Escuela de Derecho y para que sirviera de texto en las clases de Derecho Penal. Ellos mismos mencionaron la falta de un texto para las lecciones de Derecho Penal y que si bien existían muchísimas obras notables sobre este ramo del Derecho Público, eran demasiado extensas para un curso escolar o bien monogra­fías o eran comentarios especiales de determinadas legislaciones[31].

            Debe resaltarse además el apoyo gubernamental a la publicación de la traducción del Programa de Carrara. En efecto los traductores expresan su agradecimiento al Secretario de Instrucción Pública[32] Mauro Fernández, quien prestó un apoyo gubernamental decidido a la idea de realizar la publicación[33]. No debe olvidarse que Mauro Fernández estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, de la que se graduó en 1869. Además al llegar a la Secretaria de Instrucción Pública era ya profesor de Derecho[34], por lo que no debe sorprender su apoyo a la Escuela de Derecho. Durante su gestión dio un respaldo decidido a la educación primaria y secundaria[35], aunque abolió la Universidad de Santo Tomás. Sin embargo, ello no debe ser considerado como contradictorio con su apoyo a la publicación del Programa de Carrara, ya que la abolición de la Universidad de Santo Tomás significó más que nada la eliminación de dicha Universidad como estructura organizativa[36], pero no en cuanto al funcionamiento de los estudios superiores, ya que, como se dijo, se mantuvo la Escuela de Derecho, resultando que durante la vigencia de la Universidad de Santo Tomás, la misma se redujo la mayoría del tiempo a la Escuela de Derecho[37], que era la que existía al momento de la abolición de la Universidad[38]. Más bien pareciera que la abolición de la Universidad de Santo Tomás no obedeció a las razones explícitamente expresadas en el decreto que se dictó[39], sino a los enfrentamientos que había tenido Mauro Fernández con las autoridades universitarias de la Universidad de Santo Tomás[40].

1.3. Los traductores costarricenses del Programa de Carrara

            Los traductores costarricenses fueron Octavio Béeche Argüello y Alberto GaIlegos Pacheco, quienes cursaban estudios en la Escuela de Derecho.

            Octavio Béeche Argüello nació en San José el 16 de junio de 1866 y murió el 2 de junio de 1950[41].

            Tuvo una participación activa como diplomático, abo­gado litigante, jurista, profesor universitario, juez y político.

            La traducción del Programa de Carrara la emprendió a la edad de 22 años.

            Entre sus publicaciones, aparte de la traducción del Programa de Carrara, sobresale el “Índice General de la Legislación Vigente”, obra cuyo primer tomo apareció publicado en 1935, siendo publicado el cuarto tomo en 1940[42]. Se trata de un trabajo que prestó una gran ayuda a estudiantes, abogados y jueces, puesto que recopiló las leyes vigentes, resultando que hasta esa fecha no existía ninguna obra que indicara cuáles leyes habían sido derogadas, lo que obligaba al intérprete a revisar la legislación desde los inicios de la independencia. Publicó además “Estudios Penitenciarios” en 1890[43], consecuencia del viaje que hizo en 1889 a diversos países europeos con el objetivo de estudiar sus sistemas penitenciarios, enviado por el gobierno de Costa Rica. Debe mencionarse además su libro “Estudios de Derecho Constitucional”[44], publicado en 1910, producto de sus largas estancias en Francia.

            Su graduación como abogado fue el 16 de diciembre de 1892[45], o sea varios años después de la traducción del Programa.

            De 1894 a 1899 se desempeñó como Profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho.

            En 1902 fue designado Presidente del Tribunal de Arbitraje Centroamericano, en el que había sido nombrado como representante de Costa Rica.

            En 1934 fue electo por el Congreso Constitucional para ocupar la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que dejó en 1935 al aceptar la candidatura a la Presidencia de la República. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia Octavio Béeche apoyó la reforma al Código de Procedimientos Civiles de 1933, que no había solucionado los problemas de lentitud y complejidad del proceso civil que habia presentado el Código de 1888[46]. Volvió a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 1949 a 1950.

            En 1936 fue candidato a la Presidencia, perdiendo las elecciones[47]. Ya muchos años antes, en 1901, su nombre había sido propuesto junto con Ascensión Esquivel y Cleto González Víquez como candidato de transacción a la Presidencia de la República[48].

            Además de ello durante su vida tuvo una participación muy activa en la política y diplomacia costarricense. Por ejemplo, en 1888, a la edad de veintidós años, había sido nombrado Subsecretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Desempeñó el cargo hasta 1889. En 1891 ejerció el cargo de Secretario de la Legación de Costa Rica en Honduras y El Salvador. Fue además Cónsul General en París (1892-1894 y 1899-1901), Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos de América (1922-1924), Abogado Consultor de la Legación de Costa Rica en Francia (1926-1930). De 1930 a 1931 fue Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas, que equivale al puesto actual de Canciller de la República o Ministro de Relaciones Exteriores. Participó como parte de la Delegación costarricense en diversas negociaciones, por ejemplo el arreglo de la deuda francesa (1933), además intervino como Delegado a la Conferencia Centroamericana que se reunió en (Guatemala en 1934). Igualmente formó parte de la Comisión Consultiva para estudiar las proposiciones de Nicaragua relativas a la creación de una línea fluvial y terrestre que condujera al Océano Atlántico, con conexiones en el río San Carlos y en el Río Colorado. En mayo de 1940 fue designado Secretario de Hacienda y Comercio durante el gobierno de Calderón Guardia, cargo que desempeñó hasta septiembre de 1940, al marchar a Washington como delegado de Costa Rica en el Comité Económico y Financiero Centroamericano, permaneciendo en ese cargo hasta 1942. En ese año fue designado Presidente de la primer junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. En 1944 pasó a ocupar la gerencia de esa institución. En 1946 fue nombrado por el Congreso Constitucional Presidente del Primer Tribunal Electoral. Abandonó ese cargo en 1947 como consecuencia de una enfermedad que lo hizo viajar a los Estados Unidos de América.

            Alberto Gallegos Pacheco nació en abril de 1868[49] y murió, a la edad de 40 años, el 24 de enero de 1909.

            Fue compañero de Octavio Béeche, tanto en la Escuela de Derecho[50] como de Bufete[51].

            Emprendió la traducción de la Parte General del Programa de Carrara cuando aún no había cumplido los 21 años, siendo estudiante en la Escuela de Derecho[52].

            Alberto Gallegos fue un destacado abogado[53]. Llegó a ser directivo del Colegio de Abogados en 1896, 1901 y 1904[54].

            Es importante citar la publicación que en su memoria se hizo en la Revista Foro con razón de su muerte: “(…) El Licenciado Gallegos emprendió el camino en la lucha de la vida, llegando á ocupar en nuestra sociedad envidioso puesto, mediante su propio esfuerzo: sólo, sin el contingente rico de una rica familia, sólo, sin el apoyo de una posición social, escogida, así llegó á ser miembro distinguido de nuestro Colegio de Abogados y á ocupar varios puestos honrosos del Estado. Al primero dió lustre con la rectitud de sus procederes, con la hombría de bien que imprimían á todas sus acciones; los jóvenes estudiantes de Derecho, dijo el Maestro, en la bellísima oración fúnebre que le dedicó; encontrarán en la vida profesional del Licenciado Gallegos, una lección admirable, que ojalá aprovechen y sepan imitar./En el desempeño de los honrosos cargos que el Estado tuvo á bien confiarle, empleó todos los empeños de su voluntad y de su inteligencia, y los sirvió en medio de francas y claras demostraciones de adhesión y cariño. Su puesto por excelencia fue el de Presidente de la Junta de Caridad, y es que en él tenía amplio campo para el ejercicio de su ingénita bondad, de su magnánimo corazón, de su generoso espíritu (...)”[55].

            Alberto Gallegos vivió durante siete años en Guatemala, en donde recibió su educación antes de iniciar sus estudios de Derecho. La Revista de la Facultad de Derecho de Guatemala de abril de 1909 dio noticia de la muerte de Alberto Gallegos. Se escribió allí: “El día veinticuatro de enero último falleció en Costa Rica nuestro muy estimado amigo y antiguo compañero, el señor Licenciado don Alberto Gallegos./Tan inesperada noticia causó en nosotros el más profundo dolor. Vinculados con el señor Gallegos por los imperecederos recuerdos de la adolescencia, le conocíamos a fondo y éramos justos apreciadores de las prendas relevantes que adornaron la vida ejemplar y laboriosa de tan distinguido centroamericano. EI señor Gallegos recibió en Guatemala su primera educación intelectual y moral en el colegio del señor don Juan Urrutia y, al lado de este venerable educador tan hidalgo como bueno, tan honrado como sencillo, vivió durante siete años acopiando con tesón y afanoso empeño la fructuosa semilla del bien, que había de germinar en tan propicio terreno y producir el trato de un gran corazón y de una alma noble y levantada./Vuelto el señor Gallegos á Costa Rica, su país natal, comenzó á darse a conocer y á abrirse paso entre la juventud, luchando siempre como bueno y fundando los cimientos de su futura posición social. Inició y concluyó con lucimiento, sus estudios de Derecho y honró con su nombre de abogado distinguido, al Colegio de Abogados de Costa Rica que lo contaba entre sus miembros./EI señor Gallegos no tuvo Mecenas: se debió a sí mismo. No tuvo bienes de fortuna; los que deja al rendir la jornada, son el fruto de su laborioso trabajo. Amó la justicia por la justicia misma. La corrupción no anidó en su pecho y la honradez fue su bandera y su escudo de combate. Los menesterosos le querían como padre y la caridad manaba á copiosos raudales de su corazón generoso. Tales condiciones lo colocaron en la presidencia de la Junta de Caridad de San José en el cual puesto tuvo la oportunidad de hacer resaltar las bondades ingénitas en que abundaba. La muerte ha venido a sorprenderle en la plenitud de la vida, arrancándole de improviso del seno de su hogar, ayer dichoso, y hoy azotado por el más grande de los infortunios (...)”[56] .

Como se indica en lo transcrito, Alberto Gallegos tuvo como labor más destacada la de Presidente de la Junta de Caridad de San José, hoy día conocida como Junta de Protección Social[57]. Se desempeñó en dicho puesto desde el 1º. de mayo de 1902 hasta el 28 de diciembre de 1908[58], o sea hasta cerca de un mes antes de su muerte, consecuencia de una penosa enfermedad[59].

2. Francesco Carrara, autor del Programa de Derecho Criminal[60]

            Francesco Carrara nació en la ciudad de Lucca el 18 de setiembre de 1805, único hijo del ingeniero Juan Bautista Carrara y doña Clara Chelli.

            Estudió jurisprudencia en el Liceo Universitario de Lucca, en donde se graduó el 1º. de noviembre de 1827. E1 31 de diciembre de 1831, pasó las prácticas que realizó en Florencia en el despacho del distinguido jurisconsulto Vincenzo Giannini y obtuvo su licencia de abogado[61].

            Se desempeñó brillantemente ante los tribunales como abogado, tanto antes como después de empezar su vida como profesor universitario. Así indica Carlo Paladini: “Como abogado fue eficientísimo y admirable. Su inclinación natural lo llevó de manera más especial al nobilísimo oficio de proteger la inocencia, de amparar en alguna manera los derechos de los que hubieran caído en manos de la justicia; y a este fin dirigió, en armonioso nexo, sus estudios científicos y su práctica forense”[62]. Señala además Paladini: “Como abogado defensor, Ca­rrara fue insuperable, por la doctrina, por la elocuencia, por la respuesta pronta, eficaz, pintoresca, vehemente o aguda; poseía todas las malicias de la profesión, o mejor dicho con la frase ritual, todas las picardías del oficio”[63].

            E1 7 de octubre de 1848 el gran duque de la Toscana, Leopoldo II lo nombró profesor de Derecho Penal en el Liceo de Lucca, en el cual había estudiado Carrara[64]. Sobre sus lecciones en Lucca dice Laplaza: “Nunca, posiblemente, se dicta­ron en el Liceo de Luca cursos de mayor resonancia. Y el éxito local fue tanto, que hasta debió hacerse cargo de uno de instituciones de derecho civil, materia en la que Carrara, a fuer de jurista completo, era también avezado”[65].

            El 9 de noviembre de 1859 fue designado profesor de Derecho Penal de la Universidad de Pisa para suceder a Francesco Antonio Mori, quien a su vez había sucedido a Carmignani en 1840. Sobre ello es importante citar lo dicho por Francisco Laplaza, quien aclara yerros sobre la relación entre Carrara y Carmignani, dos grandes autores de la Escuela Clásica: “Carrara no fue (...) alumno directo de Carmignani, que durante 37 años entre 1803 y 1840, impartió sus luminosas enseñanzas penales en la Universidad de Pisa. El error está muy difundido, incluso en serios autores italianos, algunos de los cuales aña­den  todavía que Carmignani aplazó a Carrara en los exámenes de derecho penal. Casi tan extendido, de que éste sucedió a aquél en la cátedra pisana. Ambas aserciones son, de hecho inexactas. Carrara se laureó en Luca y completó en Florencia los estudios prácticos con el abogado Vicente Giannini, sin cursar estudios regulares en Pisa. Y (...) cuando llegó a profesar en esta última ciudad, lo hizo sucediendo a Mori, y no a Carmignani, quien, por lo demás, había muerto doce años antes: el 29 de abril de 1847”[66]. Así Carmignani no fue profesor de Carrara, aunque sí ejerció una gran influencia intelectual sobre éste. Sobre ello dice Francisco Laplaza: “Carrara tomó de Carmignani el método onto­lógico, la distinción entre imputación y pena, entre cantidad y grado del delito y de la pena, y la teoría de las fuerzas física y moral y cada una de ellas, a su vez objetiva y subjetiva; e incorporó todo esto a la propia estruc­tura teórica, previa depuración conceptual”[67]. E1 propio Carrara, en la dedicatoria del Programa que hace a sus alumnos, menciona a Carmignani como su gran maestro, indicando que su libro está dispuesto según el orden lógico que trazó Carmignani[68].

            Acerca de las lecciones de Francesco Carrara en Pisa en 1875 es importante mencionar lo dicho por Oscar Scalvanti: “Exponía con su palabra lúcida y eficaz las teoría del derecho penal a la multitud escolar de Pisa. Ningún deseo de tornear la frase, de mover los afectos, de impresionar nuestra fantasía juvenil, lo guiaba en sus lecciones académicas; sólo tenía un anhelo, el ser claro y persuasivo. Pero su locución era fluida y correcta, su argumentación compacta, amplias las líneas del raciocinio, profundo el análisis y evidente la síntesis, de modo que del tema menos idóneo para conmover al auditorio sacaba Carrara el resultado de largos, entusiastas y sinceros aplausos, que otros no habrían podido suscitar con el lenguaje florido de bellezas retóricas, con períodos dramáticos o con énfasis oratorio”[69].

            En 1863, 1865 y 1867 fue electo diputado. No tuvo un pa­pel brillante en su vida parlamentaria. Sobre ello dice Paolo Rossi: “En sus tres experiencias electorales no le tomó el menor gusto a la vida parlamentaria, como puede deducirse al investigar en documentos su actividad de diputado. Las actas de la octava legislatura contienen, acerca del más grande penalista italiano del siglo XIX esta última anotación, en la página 10115 del volumen XII: Carrara, Francesco: abogado, profesor (Capannori); su elección fue anulada”. Indica además Rossi: “Reelegido para la novena legislatura, no ya por el distrito de Capannori, sino por el de Luca, Carrara no tuvo otra actividad parlamentaria que la que aparece en las actas de dicha legislatura (vol. IV, pag. 3359): ‘Carrara, Francesco: abogado, profesor (Luca); es aprobada su elección; presta juramento; pide a la Cámara discutir el proyecto de ley, y enviar a la comisión de presupuesto la petición número 11.147, de Vincenzo Galli y otros ciudadanos de Luca./EI texto de su discurso consta íntegramente en unas veinte palabras que susurró Carrara en la sesión del 25 de abril de 1866. Antes y después de esa solicitud a favor de algunos electores luqueses que pedían la revocación de un exiguo tributo, guardó el más absoluto silencio”. Señala luego Rossi: "Para la décima legislatura también fue elegido Carrara, en representación del distrito de Capannori, pero esta vez le ocurrió un grave incidente: su elección fue impugnada a causa de intrigas (... ). Sentada el acta de las irregularidades, se llega a la conclusión de que son ajenas a Carrara, atribuibles al mal entendido celo de algunos de sus partidarios y no aptas de ningún modo para alterar el resultado del escrutinio./La elección de Carrara fue revalidada. Pero aunque el parlamento se trasladó de Turín a Florencia, muy cerca de Luca y meta de sus continuos viajes profesionales, él se abstuvo de toda actividad política, y así los índices de la décima legislatura traen la anotación siguiente (p. 11242): ‘Carrara Francesco: profesor ordinario de derecho penal en la Universidad de Pisa (Capannori); se hace el relato de su elección; es sometido a investigación parlamentaria; resultado de esa investigación; su elección es revalidada; presta juramento; pide licencia de retiro’”[70]. Luego de no optar a la renovación de su mandato Carrara se presentó de nuevo como candidato en 1874 en representación de Mozzano, ello con la intención de combatir la introducción de la pena de muerte en Toscana. Sin embargo, perdió la elección[71].

            En 1876 fue designado senador. En este último cargo fue electo en la categoría vigésima, correspondiente a los que honraron a Italia con servicios o méritos eminentes[72].

            En 1859 fue publicado el primer tomo del Programa de Derecho Criminal, obra de nueve tomos que terminaría en 1870, siendo su obra más importante.

            Hizo además muchas otras publicaciones, entre las que so­bresalen bresalen los “Opúsculos de Derecho Criminal”, los “Lineamientos de práctica legislativa penal”, publicados en 1874, y las “Reminiscencias de Cátedra y Foro”, que fueron publicadas en 1883.

            Francesco Carrara fue miembro honorario de la Academia de Legislación de Tolosa y de la Sociedad de Amigos de la Edu­cación del pueblo de Belinzona; miembro titular de la Sociedad de Legislación Comparada de París; socio correspondiente de la Academia Real de Bélgica, del Real Instituto Lombardo de Ciencias y Letras, del Instituto Véneto y del Instituto de Abogados del Brasil; socio del Ateneo de Brescia y de las Academias Reales de Lucca, de Módena, de Macerata, de Urbino, de Paler­mo, mode los Linces de Roma y de los Pitagóricos de Nápoles; socio honorario de la Sociedad de Jurisconsultos de Moscú y Atenas; miembro de honor de la Sociedad Jurídica de Berlín; miembro de la Comisión encargada del Proyecto de Código Penal italiano; miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública y miembro honorario de la Universidad Imperial de Petrogrado[73].

            Carrara rindió un informe sobre el proyecto de Código Penal del cantón suizo de Tesino, influyendo para que en el Códi­go Penal, que fue aprobado el 25 de enero de 1873, se excluyera la pena de muerte. El Gran Consejo de la República de dicho cantón le otorgó la ciudadanía de honor de Tesino, como testimonio de gratitud por su ayuda en dicha reforma[74].

            Durante los últimos años de su vida Carrara padecía de una ceguera progresiva, lo que no le impidió seguir desempeñándose brillantemente como abogado defensor y profesor. Es importante al respecto citar lo indicado por Enrico Ferri, quien fuera fuerte opositor al pensamiento de Carrara y la Escuela Clásica, sobre su visita a Carrara, cuando éste ya tenia un gran prestigio, mientras Ferri recién se había graduado: “En noviembre de 1877, recién laureado en Bolonia, donde Pietro Ellero fue mi maestro de derecho penal, me dirigí al Ateneo de Pisa, como el creyente a la Meca, y me presenté tembloroso ante Carrara, en su casa pintada de blanco, solitaria entre huertos. En una vasta sala, colmada de libros, un anciano medio ciego, con dos rizos de cabellos grises en las sienes, con chaqueta de terciopelo, y los pies en un braserillo, estaba hablando con un hombre aturdido, a quien no le querían salir las palabras. ‑ Óigame bien, le gritó Carrara con voz estridente, el abogado es como un confesor; y si usted no me dice la posición precisa en que fue sorprendido, no podré darle mi parecer./Se trataba de un acusado de adulterio en consulta con su abogado, y mi llegada no era muy oportuna. Sin embargo, me saludó con cortesía y me hizo sentar. Una vez recibida la difícil y detallada confesión de aquel hombre, le dijo a su joven ayudante:/‑ Coge allá abajo en el último anaquel, ese volumen de Carpzovio, y tráemelo. Ya no podía leer, pero conservaba de tal modo en la memoria los libros, que sin vacilaciones indicó, a poca distancia, la página precisa y se hizo leer un parágrafo latino acerca del ‘adulterio intentado'./De ese parágrafo del rígido moralista medieval tomó Carrara los principios básicos para un análisis tan fino, tan profundo, tan lúcido, del ‘caso' de su cliente, v sacó con silogismos tan seguros las conclusiones jurídicas, que yo quedé sinceramente pasmado./Mi grande expectativa no quedó engañada, pues superó cuanto esperaba; y Carrara me pareció entonces lo que realmente era: un eximio y maravilloso abogado penalista”[75].

            Murió el 15 de enero de 1888, o sea aproximadamente un año antes de la publicación de la traducción costarricense del primer tomo de la Parte General del Programa de Derecho Criminal, cuyo prefacio es de febrero de 1889.

3. Ideas fundamentales del Programa de Derecho Criminal

            Como consecuencia de sus publicaciones, dentro de las que sobresale el Programa de Derecho Criminal, Francesco Carra­ra es considerado en los países de lengua romance el principal representante de la Escuela Clásica[76], que asumió el legado hu­manista  y racionalizador de la doctrina de la Ilustración[77], de la que se considera su continuadora.

            La denominación Escuela Clásica no fue dada por los partidarios de la misma, sino por un opositor a ella, como era Enrico  Ferri. Sobre ello dijo éste: “Se llama en todas partes la ‘Escuela Clásica Criminal’ desde que yo la denominé así y  por cierto con sentido de admiración en el discurso sobre ‘los nuevos horizontes del derecho y procedimiento penal’  pronunciado en la Universidad de Bolonia en 1880 en la Cátedra de mi  maestro Pedro Ellero (...). Fue verdaderamente un edificio de clásica maestría y belleza”[78]. A pesar de lo indicado por Ferri en cuanto a que utilizó el término con sentido de admiración, existe consenso en que más bien fue empleado por él en forma peyo­rativa. Así dice Oscar Scalvanti: “Mucho se ha declamado contra la escuela clásica del derecho penal a nombre de los principios de la escuela positivista; y el nombre mismo de clásica se le dio casi por escarnecerla, como si fuera bella en su bien ideada arquitectura, pero en desacuerdo con la realidad”[79]. Luego el término fue asumido en general, incluso por partidarios de la Escuela Clásica[80].

            Algunos, como Eugenio Raúl Zaffaroni, han llegado  a negar la existencia de una Escuela Clásica, indicando que el único rasgo común que tenían los autores que son ubicados como representantes de la misma era el ser anteriores al Positivismo Criminológico[81]. Debe reconocerse que no existe uniformidad entre los autores ubicados como integrantes de la Escuela Clásica, especialmente en lo relativo a su concepción sobre la pena. Sin embargo, también presentan una serie de aspectos comu­nes, tales como la utilización del método deductivo de análisis, la creencia en el libre arbitrio, la asunción de principios libera­les provenientes de la doctrina ilustrada, etc.[82]. Esos aspectos comunes encuentran pleno reflejo en Carrara, de modo que ge­neralmente cuando se quiere realizar un resumen de las ideas de la Escuela Clásica se acude al pensamiento de Carrara.

            En el prefacio a la quinta edición del Programa[83], Francesco Carrara dio las razones por las cuales escogió el título de Programa. Dijo: “Este título pareció una novedad: unos lo juzgaron sobremanera modesto; otros demasiado insignificante y desproporcionado con el trabajo que salía a la luz. Pero yo, por el contrario, había cuidado en adoptar ese título, porque temía que pudiera parecer muy presuntuoso y demasiado amplio./A mi juicio,  el programa de una ciencia no indica el libro donde ella se expone, sino más bien el principio fundamental y la fórmula en la cual el autor ha sintetizado la fuerza matriz de todos los preceptos que esa misma ciencia, de conformidad con su pensamiento, debe desenvolver y demostrar./En mi opinión, el programa del derecho criminal debía resumir, en la fórmula más sencilla, la verdad reguladora de toda esa ciencia, y contener en sí el germen de la resolución de todos los problemas que el criminalista tiene el deber de estudiar; y todos los conceptos que gobiernan la vida práctica de dicha ciencia, en los tres grandes temas que constituyen el objeto de ella, en cuanto tiene por misión refrenar las aberraciones de la autoridad social en la prohibición, en la represión y en el juicio, para que esa autoridad se mantenga en las vías de la justicia y no degenere en tiranía. La ciencia del derecho criminal tiene por misión moderar los abusos de la autoridad en el desarrollo práctico de aquellos tres grandes temas, y en esta labor, que constituye la actividad sustancial y la razón de ser de la organización social, se encuentra el complemento del orden cuando aquellos son regulados como se debe, y una fuente perenne de desórdenes y de iniquidad, cuando quedan abandonados al capricho y a las pasiones del legislador. Los preceptos destinados a moderar de esta manera el poder legislativo deben remontarse hasta un principio común y fundamental, y la fórmula que expresa ese principio es el programa de la ciencia del derecho criminal”[84].

            Se extrae de lo anterior uno de los postulados básicos de Carrara y de la Escuela Clásica, cual es la utilización de un método deductivo del análisis jurídico que se lleva a cabo para determinar si se llegó a cometer un hecho delictivo[85]. Sobre el mismo explicó Carrara: “Mi Programa, desde el Par. I hasta el 3940, es el desarrollo constante de todo un sistema. Cada teoría especial es la fotografía de las demás teorías; cada exposición de un delito especial es el daguerrotipo de las exposiciones de todos los demás delitos. Si una sola de esas explicaciones es errónea en sus principios, todas serán erróneas, y mi libro debe ser condenado al fuego”[86]. El método deductivo se mantiene hoy día a través del análisis dogmático propio de la Teoría del Delito, llegando lo dicho por Ca­rrara a recordar la justificación que actualmente se da por la doctrina a la dogmática penal y al desarrollo que ha tenido la teoría del delito, ello como instrumento para lograr seguridad jurídica en la aplicación de la ley penal, haciendo calculables las soluciones que deben recibir los casos con los que se enfrenta el sistema penal[87].

            Debe tenerse en cuenta que en la utilización del método deductivo Carrara se diferenció de Beccaria, quien, no teniendo experiencia forense, se limitó a realizar una crítica de carácter político criminal, pero no llevó a cabo un análisis jurídico de la legislación vigente[88].

            El método deductivo llevó a Carrara a considerar al delito como un ente jurídico. Explicó que el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico, “porque su esencia debe consistir necesariamente en la violación de un derecho”[89]. Indicó que el delito no es propiamente “una acción sino una infracción. La noción del delito no se deriva, pues, del hecho material, ni de la prohibición de la leu, considerados aisladamente, sino del conflicto entre uno y otra”[90]. Señaló que “El delito se persigue no como hecho material, sino como ser jurídico. La acción material tendrá por objeto la cosa ó el hombre; el ser jurídico no puede tener por objeto más que una idea: el derecho violado que la ley protege por medio de una prohibición”[91]. De acuerdo con esa concepción para comprender al delito no es necesario una referencia a la personalidad del autor, a la realidad social ni a su entorno. Sobre ello Antonio García-Pablos de Molina dice: “Concibe el crimen como hecho individual, aislado, como mera infracción a la ley: es la contradicción con la norma jurídica lo que le da sentido al delito, sin que sea necesaria una referencia a la personalidad del autor (mero sujeto activo de ésta) ni a la realidad social o entorno de aquél, para comprenderlo. Lo decisivo es el hecho mismo no el autor (….). Falta en la Escuela Clásica un planteamiento inequívocamente ‘etiológico' (o preocupación por indagar las causas del comportamiento criminal) (…). Fiel a los postulados del liberalismo individualista de su tiempo (legalista y humanitario), fue absolutamente incapaz de ofrecer a los poderes públicos las bases e información necesaria para un programa político criminal de prevención y lucha contra el crimen, objetivo de especial importancia en un momento de crisis económica y social, y de inseguridad generalizada. Optó por la especulación, por los planteamientos filosóficos y metafísicos, por los dogmas (libertad e igualdad del hombre, bondad de las leyes, etc.), deduciendo de los mismos sus principales postulados”[92].

            En ello se diferenció notablemente del positivismo criminológico, para el cual el delito es un fenómeno humano y social, debiendo analizarse las causas endógenas, ya sea hereditarias o congénitas, y las causas exógenas, que pueden ser físicas o sociales[93].

            A pesar de la falta de preocupación por las causas del crimen no puede desconocerse la importancia de la Escuela Clásica en defensa de los postulados de un Derecho Penal y Procesal Penal garantista, respetuoso de los derechos de las personas a las que se les atribuye un delito o han sido condenadas por el mismo[94]. De gran importancia es la defensa que hizo Carrara de garantías procesales como el respeto del debido proceso[95], la presunción de inocencia[96], los límites a la prisión preventiva[97], el derecho de defensa[98] y la prohibición de la tortura[99]. Dijo con respecto a las garantías procesales: Cuando prescribe estricta adhesión a la competencia; leal, completa y oportuna intimación de los cargos, moderación de la custodia preventiva; plenitud de la prueba; prudencia en cuanto a la veracidad de los testigos; condiciones para la legalidad de las confesiones; exclusión de toda sugerencia, de todo fraude, de todo artificio doloso que pueda darle a lo falso aspecto de verdad; crítica imparcial en la apreciación de los indicios; libérrimo campo para el ejercicio de la defensa; amplio trato para los abogados; formas sacramentales para la sentencia; recursos de apelación y de revisión; cuando prescribe todo cuando ella ordena como condición absoluta para la legitimidad del procedimiento y del juicio, no pronuncia sino estas solas palabras: ‘haced esto, porque el hombre de quien vosotros sospecháis es inocente, y no podéis negarle su inocencia mientras no hayáis demostrado su culpabilidad, y no podéis llegar a esa demostración, si no marcháis por el camino que os señalo”[100]. Realizó igualmente una defensa de las garantías del derecho penal sustantivo, como el principio de legalidad, el principio de culpabilidad contrapuesto al determinismo del positivismo criminológico y la razonabilidad de las penas, evitando las penas draconianas. En este sentido con respecto al sentido de las garantía penales y procesales dijo: “La defensa del derecho tiene, por lo tanto, tres fines distintos en el desenvolvimiento del derecho penal: 1º.) La protección de todos los asociados frente a los malhechores; 2º.) la protección de los honrados frente a la autoridad social que ejerce la potestad punitiva; 3º.) la protección del malhechor mismo ante la autoridad que lo castiga, porque también este tiene derecho de no ser castigado más allá de lo necesario y más allá de la medida ordenada para sus ilícitos”[101]. Debe tenerse en cuenta para valorar los aportes de Francesco Carrara que  uno de los peligros de la Política Criminal es que el Derecho Penal deje de desempeñar su función de “límite infranqueable de la Política Criminal”, reclamado por Franz von Liszt[102], de modo que la “Criminología se trague al Derecho Penal”, y este desaparezca con sus postulados garantistas. Precisamente el Positivismo Criminológico al que estaba enfrentada la Escuela Clásica se caracterizó por su despreocupación por las garantías penales y procesales, considerándolas como  excesos de la revolución francesa117.

            A diferencia de Cesare Beccaria[103] y la doctrina de la llustración[104], Carrara rechazó la teoría del contrato social. Dijo. “No es cierto que la raza humana haya vivido durante un tiempo determinado destituida de todo vínculo social; es falsa la transición de un estado primitivo á un estado modificado y facticio”[105]. Las limitaciones al legislador, que en la doctrina ilustrada provenían del contrato social, las funda Carrara en una concepción iusnaturalista del Derecho Penal, con influencia religiosa de carácter aristotélico‑tomista[106]. Dijo por ejemplo: “El derecho de castigar que pertenece á la autoridad civil emana de la ley eterna del orden aplicada á la humanidad; lo cual equivale a decir que emana de la ley natural”[107]. Agregó luego: “Que, para la sociedad, el derecho de castigar deriva de la ley natural, se demuestra por una serie de proposiciones incontestables que siguen:/1o. ‑ Existe una ley eterna, absoluta, formada del conjunto de los principios que dirigen la conducta externa del hombre, la cual ha revelado Dios á la humanidad por medio de la conciencia (...). No podemos negarla sin negar que una inteligencia haya precedido á la creación, ó sin rehusarle los atributos de la sabiduría y de la bondad./2º. ‑ Esta ley concede al hombre derechos que le son necesarios para cumplir su destino en este mundo. Cuando se ha reconocido que el hombre está sujeto por el creador á deberes, no se puede sin caer en un absurdo desconocer que la ley moral tiene también el carácter de ley jurídica, vista la contradicción que habría en que una ley impusiera deberes sin acordar derechos que son el medio indispensable para cumplirlos./3º. ‑ De la necesidad absoluta que existe en los hombres de gozar de estos derechos, resulta forzosamente para ellos el derecho de ejercer, aun con coacción, la defensa contra los que, arrastrados por un instinto malvado, violan el deber impuesto recíprocamente á todos de respetar­los./4º. Del libre ejercicio de estos derechos, y correlativame­nte la obediencia al deber de respetarlos, nace el orden moral externo exigido por la ley natural./5º. La necesidad de este orden, es decir, la protección efectiva de los derechos de la hu­manidad, no se satisface en la sociedad natural, por la doble razón de la imposibilidad de asegurar el juicio del derecho y de su violación, y de la impotencia material de impedir ó de repa­rar la lesión del derecho./6º. ‑ Es, pues, una necesidad de la naturaleza humana el estado de sociedad civil, es decir, de una sociedad en la cual, sobre los miembros que la componen, exis­ta ta una autoridad que garantice el orden externo. De suerte que el orden de la sociedad civil, bien lejos de oponerse al orden natural, es al contrario el único orden que la ley natural impo­ne ne á la humanidad”[108].

            Sobre ello es importante citar lo indicado por Santiago Mir Puig: “Aunque Carrara adoptó la versión católico‑tomista,  y no el iusnaturalismo racionalista característico de la Ilustra­ción, el recurso al Derecho natural tenía en la Escuela Clásica un sentido político liberal inequívoco. El sistema ideal a que el método racional condujo, tuvo el sentido de desideratum diri­gido al legislador, quien había de encontrar en él los límites necesarios para la libertad del ciudadano”[109].

            Relevante es que la concepción de Carrara de que la ley positiva se deriva de la ley natural dada por Dios. no lo hace perder el carácter antropológico que debe tener el Derecho Pe­nal. Por ello niega que pueda castigarse al culpable para que expíe su ofensa con Dios[110].

            Con respecto a este carácter antropológico del Derecho Penal dijo Carrara: “No puede negarse que la sociedad civil exi­ge como única razón absoluta de existencia, la necesidad de castigar las ofensas causadas á los derechos del hombre”[111]. Señaló expresamente en los Opúsculos que el Estado está al servicio de los hombres y no los hombres al del Estado. Así dijo: “El error de la vieja escuela consistía en suponer que los pueblos fueron hechos para los príncipes y no los príncipes para servir a los pueblos. A su vez, el errar de la nueva escuela consistió en suponer que los hombres fueron hechos para el Estado, y no el Estado para el servicio de los hombres”[112]. La necesidad de que a través del Derecho sólo se puedan prohibir las conductas que perjudican a otro, se establece como un límite al legislador. Así en Reminiscencias de Cátedra y Foro dijo: “La prohibición es legítima por parte de la autoridad social con tal que haya sido dada a conocer debidamente a quienes tienen que respetarla, y con tal que la exija la defensa del derecho. La autoridad social, al ejercer la protección del derecho por medio de la represión, no puede prohibir a los ciudadanos esta o aquella acción, a su antojo. Solo puede prohibir las acciones que violen uno u otro derecho. Se torna tiránica si prohíbe acciones que no puedan inferir ofensa al derecho, o que, por lo menos, no lo conduzcan a una situación de inminente peligro (...). No puede decir: prohíbo el hurto, prohíbo la injuria, prohíbo la lesión personal porque me da la gana, y porque así se me antoja. No: la razón que legitima esa prohibición no es su voluntad. Yo me inclino ante el trono en que se asienta la autoridad social; reverencio la diadema que brilla sobre su frente y el cetro que empuña amenazador en su mano. Pero cuando se yergue orgullosa a declararme delincuente por un hecho que en nada ofende el derecho de los demás, mi conciencia me da el valor necesario para decirle que abusa ¡legítimamente de su misión. Ella debe ser la protectora de la libertad humana, que consiste en que el individuo despliegue su actividad sin restricción alguna, fuera de la que surja de la ofensa a la libertad de los demás. Por encima de ella está un imperativo jurídico, al cual ella tiene que obedecer lo mismo que yo y que cualquier otro ciudadano, y que le prohíbe absolutamente declarar delito cualquier ejercicio de la actividad humana que no viole los derechos ajenos”[113] .

Fundamentó la responsabilidad penal en la imputabilidad moral, basada en el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Se trata de un aspecto fundamental en las divergencias entre la Escuela Clásica y la Positivista, puesto que esta última propugnó el rechazo al libre albedrío y defendió la responsabilidad social por el hecho de vivir en sociedad como fundamento de la responsabilidad penal[114]. Dijo Carrara: “El hombre tiene la facultad de determinarse, dando la preferencia á la acción ó a la inacción, según los cálculos de su inteligencia. Este poder es lo que constituye la libertad de elección. Es á causa de esta facultad por lo que se le pide cuenta de los actos á que se determina”[115]. Señaló también: "La libertad del hombre es en definitiva el fundamento del derecho penal. Destinado por la ley de su creación a ejercer libremente su actividad sobre la tierra en los límites del respeto á la libertad de sus semejantes, el hombre está colocado ab eterno bajo el imperio de la ley moral, la cual regula al mismo tiempo sus derechos respecto á los demás y sus deberes hacia ellos. Pero esta libertad no sería real si el freno de una autoridad no asegurara la eficacia de la ley. No es, pues, la sociedad quien hace nacer el derecho de castigar, es la necesidad de castigar á los violadores del derecho la que hace nacer la sociedad civil: ésta es un resultado necesario de la ley natural, no como fin sino como medio, como instrumento para la represión de la licencia -Y protección respectiva de la actividad humana”[116]. La discusión con respecto a la existencia de un libre arbitrio se ha mantenido hasta la época actual, sin que se haya llegado a una conclusión definitiva al respecto[117]. Por ello se ha hablado por la doctrina de una crisis del principio de culpabilidad, puesto que el mismo se ha fundamentado tradicionalmente en el libre arbitrio. Lo cierto es que las pretensiones de sustituir al principio de culpabilidad por el de proporcionalidad han recibido rechazo, lo mismo que las de darle una fundamentación al principio de culpabilidad con base en la prevención general positiva. Lo anterior ya que con ello el principio de culpabilidad perdería su carácter garantista frente a la intervención del sistema penal[118]. En efecto su eliminación llevaría a excesos intolerables de parte de dicho sistema, tal y como quedaron reflejados en las propuestas hechas por el Positivismo Criminológico, al que se opuso sin tregua Francesco Carrara. Se une a ello que la afirmación del libre arbitrio, a pesar de las dificultades para comprobarlo, debe ser un postulado de carácter político jurídico del ordenamiento jurídico, puesto que implica que los habitantes de la república deben ser tratados como seres libres, autónomos y responsables, ello en última instancia como una consecuencia del principio de dignidad de la persona humana y del libre desarrollo de la personalidad[119].

Defendió Carrara, conforme a Beccaría[120], y la doctrina ilustrada[121], el principio de legalidad, cuestionado por el Positivismo Criminológico de su época[122] , pero que hoy día se considera como elemental en un Estado de Derecho[123]. Dijo Carrara: "La idea general del delito es la de una violación (ó abandono) de la ley: en efecto, ningún acto del hombre puede serle imputado si una ley no lo prohíbe. Un acto no es delito sino cuando se opone á la ley: puede ser dañoso, puede ser perverso, puede ser ambas cosas a la vez, pero si la ley no lo prohíbe, no puede ser atribuido como delito á quien lo ejecuta; porque como las leyes que dirigen al hombre son múltiples, si nos atuviéramos á esta ley general, el vicio (que es el abandono de la ley moral) y el pecado (que es la violación de la ley divina) se confundirían con el delito”[124].

Exigió proporcionalidad entre el delito y la pena. inspirándose para ello en Beccaria[125] y la doctrina de la Ilustración[126], que pretendía con ello, al igual que Carrara, establecer límites al poder punitivo del Estado. En ello se opuso al Positivismo Criminológico que proponía que la sanción se adaptara a la peligrosidad del delincuente[127]. Dijo Carrara: “La autoridad social, en el ejercicio del poder de castigar no puede proceder según la accidentalidad de las razones de un hecho, sino según la relación que existe entre el mal del delito y el mal de la represión (...). Cuando el mal de la represión sobrepasa al mal del delito, la represión conduce á un nuevo desorden, en vez de restablecer el equilibrio roto por la primera turbación”[128].

Se opuso Carrara a que con criterios preventivos se llegue a aumentar la pena por encima de la proporción con respecto al delito. Así señaló: “El principio de la justicia absoluta, al cual está subordinado el poder penal, se opone á que por regla invariable se haga mayor la responsabilidad del hombre, no en razón del aumento en el mal que ha hecho ó ha querido hacer, sino en razón de ciertas causas accidentales y por consiguiente en virtud de un cálculo de la probabilidad mas o menos grande de la repetición del delito”[129]. Agregó que la pena: “No debe ser excesiva; es decir, que no debe exceder la proporción con el mal del delito. Todo sufrimiento impuesto al culpable más allá del principio de la pena, que es dar al precepto una sanción proporcionada á su importancia jurídica; ó más allá de la necesidad de la defensa, que es destruir la fuerza moral objetiva delito - es un abuso de la fuerza, una crueldad ilegítima”[130].

En cuanto a la pena, la llegó a considerar como un mal, tal y como se estima hoy día en general por la doctrina [131] oponiéndose con ello a aquellas concepciones que afirmando que a través de la pena se trata de beneficiar al que la sufra, han llegado a admitir por ello violaciones a las garantías penales y procesales de un Estado de Derecho[132]. Indicó: "Defino la pena- un mal infligido por los Magistrados, conforme á la ley del Estado, á aquellos que han sido en debida forma reconocidos culpables de un delito”[133]. Señaló: "La fuerza física subjetiva de la pena consiste en los actos materiales por los cuales se inflige al culpable el mal que constituye el castigo”[134]. Agregó: "La fuerza física de la pena, considerada objetivamente, está representada por el bien arrebatado al delincuente ó, en otros términos, por el sufrimiento efectivo, resultado doloroso de la pena para el condenado, del mismo que la fuerza física objetiva del delito expresa el resultado dañoso del delito para el ofendido”[135].

El aspecto de más actualidad del Programa es precisamente el relativo a la pena y los fines de la misma[136] , siendo éste de gran complejidad, de modo que la doctrina no se ha puesto de acuerdo en su interpretación, existiendo posiciones contrapuestas al respecto, puesto que mientras algunos estiman que Carrara sigue una concepción absoluta de la pena, otros consideran que su posición es conforme a una teoría relativa de la misma116.

Para Carrara el fin de la pena es la tutela jurídica, diferenciando dicho concepto del de defensa social propugnado por el Positivismo Criminológico, que llevaba a otorgarle una prioridad absoluta a las necesidades preventivas en desmedro de las garantías de los imputados y condenados. Indicó: “La fórmula la defensa del derecho (tutela giuridica) es evidentemente distinta en su esencia a la fórmula defensa social (tutela sociale) (... ) La fórmula de la defensa social da al castigo un principio enteramente material, y lo deja á la merced de las exigencias caprichosas y á menudo exorbitantes de la utilidad. Al contrario, en la fórmula de la defensa del derecho, el límite de la justicia es una cosa natural, intrínseca, inseparable, porque cuando se dice que la autoridad debe defender el derecho, se dice que debe defenderlo tanto en el ofensor como en el ofendido, ó de otro modo, que debe castigar á uno para defender al otro, pero no más allá de las necesidades de la defensa, sin lo cual violaría el derecho del ofensor, y la pena vendría á ser injusta por exageración y no encontraría ya apoyo en la suprema razón de la defensa del derecho”118.

Al hablar Carrara de la tutela jurídica como fin de la pena hizo mención a que la pena debe reparar el daño, “restableciendo el orden turbado por el delito”119 . Dijo: “Fin de la pena no es que se cumpla la justicia, ni que el ofendido sea vengado, ni que el daño sufrido por él sea reparado, ni que los ciudadanos sean intimidados, ni que el culpable expíe su falta ni que se obtenga su enmienda. Todas estas cosas pueden ser consecuencias accesorias de la pena, y algunas de ellas pueden ser deseables, pero la pena sería un acto inatacable aun cuando todos estos resultados faltaran”120 Indicó que en definitiva “el fin principal de la pena es el restablecimiento del orden externo en la sociedad”121 .

Dicha referencia ha hecho que la doctrina mayoritaria haya llegado a catalogar a la teoría de la pena de Carrara como retributiva. En este sentido dice Giuseppe Maggiore: "La fórmula de la tutela jurídica se contrapone netamente a la materialista de defensa social y adquiere el significado de restablecimiento del orden conmovido por el desorden del delito, según la ley por la cual el mal debe ser retribuido con el mal./Aquí en la pena entendida como restablecimiento del orden y restauración de la ley jurídica en la conciencia del delincuente realista de esta - estamos mas próximos al principio absoluto de retribución, que al relativo de utilidad”122.

            Sin perjuicio de volver de nuevo luego sobre el tema, debe reconocerse a favor de la tesis de Maggiore que el concepto de tutela jurídica atribuido a la pena por Carrara hace recordar la teoría absoluta de la pena formulada por Hegel123, quien había indicado: "El hecho del delito no es algo primero, positivo, para el cual vendría el castigo como negación, sino que es un negativo, de manera que el castigo es solamente negación de la negación. El derecho real es, pues, superación de esta vulneración, el cual precisamente en ello muestra su validez y se acredita como una existencia empírica necesaria mediatizada"124.

Francesco Carrara tuvo una gran preocupación por evitar que la pena llegue a ser instrumentalizada en forma draconiana, Indicó así: "La intimidación conduce á una agravación progresiva perpetua de las penas, porque haciendo ver positivamente el delito cometido que el culpable no ha tenido miedo a la pena, se deduce de ahí que, para aterrará los demás, es necesario aumentarla ( ... ). Pero, atendidos los defectos de la naturaleza humana, las penas no han logrado ni lograrán jamás impedir los delitos, por tanto, el curso perpetuo de los delitos conduciría, en virtud de aquel razonamiento á la progresión perpetua de la severidad, sin límite alguno”125.

Criticó Carrara que pueda pretenderse que a través de la pena se trate de hacer más bueno al delincuente, enfrentándose con ello a la Escuela Positivista de la Criminología126. Para ello partía de que ello iría en contra de los principios de libertad y autonomía de la persona127. Dijo Carrara: "La fórmula del derecho de enmendar es falsa o inútil. Es inútil cuando se quiere enmendar al ciudadano en lo que cause lesión a los derechos ajenos, porque ti ello se llega con el solo principio de la defensa del derecho; y es falsa, en cuanto se aplique a lo que no perjudica a los demás, con lo cual se abre el camino a las más odiosas tiranías al conferirle al Estado los poderes que se arroga el superior de un claustro. Seduce los ánimos la perspectiva de un mejoramiento de la humanidad, pero cuando para alcanzar este fin se emplean medios violentos, sin que lo necesite la defensa ajena, la aparente filantropía degenera en inocuo despotismo”128 , Sin embargo, admitió que debe tratarse de evitar el carácter criminógeno de la pena. Indicó que la pena “debe ser infligida de manera que no pervierta al culpable. Nosotros no reconocemos como un fin propio de la pena, la reforma moral del culpable, sino en cuanto la represión de las malas pasiones resulta de su naturaleza de pena. Elogiamos sin duda todo lo que pueda hacer un Gobierno por volver á la moral, por medio de la penalidad, á los ciudadanos descarriados; pero una cosa es decir que es necesario aprovecharse de un hecho para lograr un fin ulterior, y otra cosa es decir que este fin es una razón, una causa del hecho”129 . A pesar de ello, debe reconocerse  que Carrara permaneció en general extraño a la ejecución de la pena130.

En realidad la insistencia de Carrara a favor de la tutela jurídica como fin de la pena y las argumentaciones dadas por él en contra de infligir terror o rehabilitar a través de la pena, deben ser asociados con su preocupación de que a través de ello se llegase a dejar sin efecto el principio de legalidad o bien ello pudiese conducir a penas desproporcionadas131. Por esto el sentido de la tutela del derecho como fin de la pena era oponerse a la defensa social propuesta por el Positivismo Criminológico.

Sin embargo, no parece, en contra de lo dicho por Maggiore, que el concepto de tutela jurídica tenga propiamente un sentido retributivo. El mismo Carrara insistió en que la pena no tenía ese sentido, ello al decir en los Opúsculos: “No es el sistema de la justicia absoluta, que arranca del mundo suprasensible, mientras que el sistema de la defensa del derecho hunde .firmemente sus raíces en el mundo sensible. El sistema de la Justicia absoluta toma como fundamento suyo la ley puramente moral, con arreglo a la cual quien hace el bien debe encontrar el bien, y quien hace el mal debe encontrar el mal, y así, en la expiación impuesta a quien ha hecho mal, descubre la razón de irrogarle la pena. Pero este sistema tiene dos defectos capitales, porque si admite la verdad de ese principio, como regulador del mundo moral, en primer lugar dicho principio no explica por qué la facultad de imponer coactivamente tal expiación pertenece a la autoridad social, en vez de dejarla en las manos de Dios, Y se corre así el evidente peligro de que el hombre imponga una nueva expiación a quien ya había expiado plenamente frente a Dios el mal hecho con aquella acción que se pretende declarar criminosa para someter a su autor a un segundo mal. En segundo lugar conduce a¡ absurdo de que la sociedad pueda imponer una pena aun por el mal que no causó daño a nadie y someter así legítimamente a pena todos los vicios y todos los pecados”132 .

Debe tenerse en cuenta además que Carrara hizo referencia a la relación entre la justicia y la tutela del derecho. Llegó él a distinguir entre "el derecho a castigar, en la mano de Dios”, que "no tiene más norma que la justicia”, y el "derecho a castigar en la mano del hombre” que "no tiene otra legitimidad que la necesidad de la defensa, porque no ha sido concedido al hombre sino en tanto que es necesario para la conservación de los derechos de la humanidad”133 .

Exigencias de Carrara como la imputabilidad moral y la proporcionalidad, a las que se hizo referencia antes, que en ocasiones se relacionan con un fin retributivo de la pena, en Carrara pretenden establecer límites a la misma, sin que indiquen cuál es el fin de la pena. Ello queda reflejado, de acuerdo con mi criterio, en la Introducción a la Parte Especial del Programa, en donde Carrara dijo: "La justicia no puede tomarse, pues, sino como un principio negativo, esto es, que limita la facultad de castigar, en cuanto por él mismo se niega esta facultad cuando pretende ejercerse en perjuicio de un irresponsable, o más allá de las verdaderas necesidades de la defensa del derecho. Y esta función se deriva espontáneamente del mismo principio genuino del derecho de castigar, pues no puede ejercerse contra el derecho un poder cuya razón de ser radica en las necesidades de la tutela del derecho./No me parece sólida la objeción que hizo recientemente un ilustre criminalista contemporáneo, el cual señala como contradictoria nuestra fórmula, observando que a pesar de reconocerse en el principio de justicia un límite del derecho penal, no repugna, sin embargo, que en ese mismo principio se reconozca el único fundamento de ese derecho./Es evidente que este raciocinio peca por el defecto de equiparar términos y condiciones esencialmente distintos. No puede admitirse la proposición de que es lo mismo ver determinado principio como límite de un derecho, que verlo como fundamento de ese mismo derecho. Si mi propiedad tiene como límite la propiedad del vecino, esta no es la base de mi derecho de dominio. La religión obra como límite sobre el derecho penal, en cuanto sirve de obstáculo para que el legislador prohíba ciertas acciones que ella ordena; mas no por esto puede afirmarse que la religión es el fundamento del derecho punitivo”134 .

Más bien debe estimarse que los fines preventivos de la pena se encuentran presentes cuando Carrara menciona el restablecimiento del orden jurídico135, aunque pretende que tengan como límite la comisión de un hecho delictivo136 y que dichos fines no sirvan para fijar una pena desproporcionada al hecho. Estos fines preventivos quedan reflejados en cuanto Carrara parte de que el sentido del Derecho Penal y de la pena, como lo dijo en los Opúsculos, es "La necesidad que tienen los derechos humanos de que sean defendidos contra las pasiones perversas, de que no pueden dejarse indefensos, so pena de perenne perturbación del orden, y de que no pueden defenderse sin la amenaza y la arrogación de una pena a los violadores del derecho”137. Al hacer referencia Carrara a que con la pena tiende a defenderse los derechos humanos, el sentido de la pena es evitar violaciones a los mismos, por lo que debe concluirse que tiene un carácter preventivo138.

Los fines preventivos de la pena se extraen del siguiente texto de Carrara: "Ese daño puramente moral hace de la ofensa hacia uno solo una ofensa hacia todos, porque turba la paz general. La pena debe reparar este daño, restableciendo el orden turbado por el delito. La idea de la reparación por la cual expresamos el  efecto de la pena, encierra implícitamente estos tres resultados: la corrección del culpable, la confortación de los buenos, la advertencia hecha á los que son inclinados al mal pero esta idea difiere en gran manera de la idea pura de la corrección y de la  intimidación. Una cosa es impulsar al culpable á no cometer más delitos, y otra es intentar hacerlo interiormente bueno. Una cosa es recordará los que tienen malas inclinaciones que la ley ejecuta sus amenazas, y otra es esparcir el terror en los espíritus. El temor y la corrección están contenidos implícitamente en la acción moral de la pena, pero si se quiere hacer de ellos un fin especial, se desnaturaliza esta acción y se conduce á absurdos al poder penar”139.

De dicha transcripción se extrae, por un lado, la referencia a la prevención general negativa en cuanto la pena implica que la ley ejecuta sus amenazas, aunque debe evitarse el terror de las penas draconianas. Por otro lado, se menciona la prevención especial, ello en lo atinente a que la pena trata de corregir al culpable, aunque advierte que no debe perseguirse hacerlo bueno. Además las referencias a la confortación de los buenos, pueden estimarse relacionadas con la prevención general positiva140, la que debe reconocerse, presenta puntos de contacto con la teoría retributiva, recordando el criterio de la pena absoluta de Hegel141 .

Se encuentran diversas referencias en Carrara relacionadas con la prevención general positiva. Así dijo: “Los ciudadanos que temen de parte de los demás la imitación del culpable, cesan de temerla, esperando que el mal que se le inflige sea un freno al impulso del mal ejemplo. He ahí como resume la fórmula de la tranquilidad el fin de la pena. Esta fórmula expresa á la vez que la pena debe ser un mal y que debe ser una defensa directa ( ... ). La pena está destinada á obrar sobre los demás, más aún que sobre el culpable (moralmente, se entiende); pero no basta que ella obre sobre los malvados. es necesario  que obre suficientemente sobre los buenos para tranquilizarlos tanto con relación al delincuente mismo como respecto á sus posibles imitadores” (el subrayado no es del original)142.

Se hace mención allí a la tranquilidad que la pena produce en la colectividad de que tanto el delincuente como sus imitadores se comportarán conforme a derecho, lo que envuelve un efecto de prevención general positiva. En definitiva se parte de que con la pena se muestra a la colectividad la seriedad del derecho, que responde frente a las infracciones del mismo, lo que supone el restablecimiento del orden externo de la sociedad (paz jurídica) perturbado a través del delito.

            Esta función de tranquilizar a la comunidad que se obtiene  a través del fin de defensa del derecho, fue expresada por Carrara en otros apartados de su Programa, en cuanto indicó que este fin se obtiene, entre otros supuestos, cuando la pena “Es suficiente para que los agravios no reaccionen con venganza privada y se contenten con esperar la irrogación del castigo”143.

            Las ideas de carácter preventivo a las que se llega con la tutela jurídica se encuentran presentes a través del Programa de Carrara. Así dijo: "El peligro de la víctima ha pasado ya, puesto que se ha convertido en un mal efectivo; pero el peligro que amenaza á todos los ciudadanos es ahora presente: el peligro de que el culpable, si se le deja impune, renueve contra otros su hazaña, y el peligro de que otras personas estimuladas por el mal ejemplo, se propongan á su vez violar la ley. Esto produce naturalmente el efecto moral de la aprensión, de la falta de confianza en la protección de la ley, que sobrecoge á todos los ciudadanos que tienen á su sombra la conciencia de su libertad”144.

            En dicho texto se aprecian de nuevo los aspectos mencionados de prevención general negativa, prevención especial y prevención general positiva. Así se hace referencia al peligro de que el culpable renueve contra otros su hazaña (prevención especial), que otros sigan su mal ejemplo (prevención general negativa) y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la protección de la ley (prevención general positiva).

            Por último Carrara fue un fuerte opositor a la pena de muerte, pena que sin lugar de dudas es violatoria del principio de dignidad de la persona humana, habiendo sido criticada fuertemente por Cesare Beccaria 145. Sin embargo, las razones dadas por Carrara superan notablemente a las argumentaciones de Beccaria, puesto que las de éste fueron fundamentalmente utilitaristas146, mientras que las de Carrara fueron basadas en el principio de dignidad de la persona humana. En efecto hace referencia a que debe rechazarse la pena de muerte, ya que no debe admitirse que el hombre haga del cuerpo de otro hombre un instrumento de sus fines. Ello hace recordar la formulación del imperativo categórico hecha por Immanuel Kant, en cuanto indicó que el ser humano debe ser tratado como un fin y no sólo como medio148. Sin embargo, debe reconocerse que Kant llegó a admitir la pena de muerte149. Señaló Carrara al respecto: “Nosotros no atacamos esta pena de un modo absoluto, sino únicamente de un modo relativo. Reconocemos que es legítima, según la ley natural cuando es necesaria para la conservación de otros seres inocentes; en otros términos, reconocemos su legitimidad para la defensa directa necesaria, la cual debiendo reconocerse en el individuo, no puede ser contradicción dejarse de reconocer en la autoridad. Lo que nosotros rechazamos resueltamente, es la falsa doctrina de la defensa indirecta: negamos que una pena, cualquiera que sea, se legitime con el fin de espantar á los demás; negamos el principio de la intimidación, que muchas personas han tomado por una razón justificante de la pena, y lo negamos por dos motivos: 1º porque la ley natural no sufre que el hombre haga del cuerpo del hombre un instrumento de sus fines., y 2º porque si se admite que tal necesidad de aterrar á los demás legitima la pena, se llega por la fuerza  de la lógica á legitimar la pena impuesta al inocente”150.

4. CONCLUSIONES

                        La traducción costarricense del Programa de Francesco Carrara tiene una gran relevancia como parte del desarrollo del Derecho Penal costarricense, ya que se trató de la primera traducción al castellano del Programa, ello en momentos en que estaba en auge la discusión entre la escuela clásica y el positivismo criminológico.

                        Como texto el Programa tiene una gran relevancia, ya que se trata de uno de los antecedentes del garantismo penal, cuyo principal representante es el italiano Luigi Ferrajoli[137]. De hecho Francesco Carrara junto con Cesare Beccaria son los dos autores más citados por Ferrajoli. Frente a las pretensiones de relativizar las garantías del Derecho Penal y Procesal Penal, que reclaman que existe un “exceso de garantismo”, hay que abogar por el respeto de las garantías y profundizarlas de acuerdo con las enseñanzas de la doctrina ilustrada y la clásica, desarrollando el sistema de garantías coherentemente hasta sus últimas consecuencias, lo que no necesariamente fue llevado a cabo siempre por los autores ilustrados y clásicos. Debe anotarse que los reclamos en contra de las garantías del sistema penal, catalogadas como excesos en protección de los “delincuentes” no son nuevos. Fueron ya formulados por los autores del positivismo criminológico, por ejemplo Garofalo y Ferri, y retomados luego por regímenes totalitarios como el fascista y el nacionalsocialista. Frente a ello debemos comprometernos con los postulados del Estado Social de Derecho, de acuerdo con los postulados del Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que no son otros que los que corresponden al garantismo.

5. BIBLIOGRAFÍA

Agudelo Betancur, Nódier. E1 pensamiento jurídico penal de Francesco Carrara. Bogotá, Temis, 1988.

Agudelo Betancur. Nódier. Grandes corrientes del Derecho Pe­nal (Escuela Positiva). Bogotá, 1992.

Agudelo Betancur, Nódier. Homenaje a Francesco Carrara. En: Nuevo Foro Penal (Colombia), No.30,1985, pp.429‑431.

Álvarez, Ricardo. Los tratados internacionales de derechos hu­manos y los fines de la pena en la política criminal. En: Jornadas Uruguayas Santafecinas, 2a. Etapa, Libro de ponencias. Santa Fe (Argentina), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ‑ Universidad Nacional, pp. 619­-629.

Armijo Sancho, Gilberth. La Facultad de Derecho en la Univer­sidad de Santo Tomás. En: Facultad de Derecho (Edito­ra). 150 años de la creación de la Facultad de Derecho (1843‑ 1993). San José, Universidad de Costa Rica,1993, pp. 63‑70.

Armijo Sancho, Gilberth. La facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. San José, Universidad de Costa Rica, Tesis de grado para optar al título de licenciado en Derecho, 1984.

Baratta, Alessandro. Cárcel y Estado Social. En: Enrique Oli­vas (Editor). Problemas de legitimación del Estado So­cial. cial. Madrid, Trotta, 1991.

Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas (Traducción de Juan Antonio de las Casas). Madrid, Editorial Alianza, 1988.

Béeche, Octavio. Estudios penitenciarios: informe presentado al Gobierno de Costa Rica. San José, Tipografía Nacio­nal, 1890.

Béeche, Octavio. Estudios de Derecho Constitucional. San José, Librería Española de María Vda. De Lines, 1910.

Béeche, Octavio. Índice general de la legislación vigente de Costa Rica el 31 de diciembre de 1934. San José. Im­prenta Nacional, Vol. l. 1935.

Béeche, Octavio. Índice general de la legislación vigente de Costa Rica el 30 de abril de 1936. San José. Imprenta Nacional, Vol II, 1936.

Béeche, Octavio. Índice general de la legislación vigente de Costa Rica. San José, Imprenta Nacional, Vol. III,1939.

Béeche, Octavio. Índice general de la legislación vigente de Costa Rica el 30 de abril de 1940. San José, Imprenta Nacional, Vol. IV, 1940.

Béeche, Octavio. Estudios de Derecho Constitucional. San José, Editorial Jurídica Continental, 2001.

Bonilla, Abelardo/Obregón, Rafael/Macaya, Enrique. Signifi­cación intelectual de la Universidad de Santo Tomás en la Costa Rica del siglo XIX. En: Facultad de Derecho (Editora). 150 años de la creación de la Facultad de De­recho (1843‑ 1993). San José, Universidad de Costa Rica, 1993, pp. 25‑45.

Bustos Ramírez, Juan. Introducción al Derecho Penal. Bogotá, Temis, 1994.

Calamandrei, Pietro. Prefacio. F,n: Beccaria, Cesare. De los de­litos y de las penas (Traducción: Santiago Sentís Melen­do y Marino Ayerra Redín). Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1974.

Carrara, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal dictado en la Real Universidad de Pisa (Traducción: Sebastián Soler/Ernesto Gavier/Ricardo Núñez). Bue­nos Aires, Depalma, 10 tomos, 1944‑ 1949.

Carrara, Francesco. Programa de Derecho Criminal (Traduc­ción de José Ortega Torres y Jorge Guerrero). Bogotá, Editorial Temis, 10 Tomos, 1988.

Carrara, Francesco. Reminiscencias de Cátedra y Foro (Traduc­ción: Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, 1988.

Carrara, Francesco. Lineamientos de práctica legislativa penal (Traducción: Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, 1988.

Carrara, Francesco. Opúsculos de Derecho Criminal (Traduc­ción: Ernesto R. Gavier/Ricardo C. Núñez). Buenos Ai­res, Ediciones Arayú, 1955, Tomo I.

Carrara, Francesco. Opúsculos de Derecho Criminal (Traduc­ción José Ortega Torres/Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, 7 Tomos, 1976 y ss.

Carrara, Francesco. Cuestiones sobre la tentativa (Traductores: José Ortega Torres/Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, l 992.

Carrara, Francesco. Derecho Penal (Traducción: Enrique Figue­roa  Alfonzo). México, Editorial Pedagógica Iberoameri­cana, 1995.

Carrara, Francisco. Teoría de la tentativa y de la complicidad ó del grado en la fuerza del delito (Traductor: Vicente Romero Girón). Madrid, F. Góngora y Compañía, Editores, 1877.

Carrara, Francisco. Teoría de la tentativa y de la complicidad ó del grado en la fuerza del delito (Traductor: Vicente Romero Girón). Buenos Aires, Rodamillans, 2000.

Carrara, Francisco. Programa del Curso de Derecho Criminal. Desarrollado en la Universidad de Pisa (Traducción: Octavio Béeche/Alberto Gallegos). San José, Tipografía Nacional, Tomo I (1889), Tomo II (1890) (Las citas que aparecen en el texto corresponden a esta edición y no a la reimpresión hecha en 2000).

Carrara, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal (Traducción: Octavio Béeche/Alberto Gallegos). San José, Editorial Jurídica Continental/ILANUD, 2000.

Castellanos, Fernando. Lineamientos elementales de Derecho Penal. México, Porrúa, 1978.

Cattaneo, Mario. Aufklarung und Strafrecht (Traducción de Thomas Vormbaum). Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.

Cousiño Mac Iver. Luis. Derecho Penal Chile. Santiago de Chi­le, le, Tomo I, 1975.

Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal. Barcelona, Bosch, Tomo I, Volumen 1.

Cuerda Riezu, Antonio. E1 legislador y el Derecho Penal (Una orientación a los orígenes). Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 1991.

Chiavario. Presunzione d’ innocenza e diritto di difesa nel pen­siero di Franceso Carrara. En: Rivista italiana di diritto e pro­cedura penale (Italia), 1991, pp. 356-365.

Deiming, Gerhard. Cesare Beccaria: Werk und Wirkung. En: Beccaria. Die Anfange moderner Strafrechtspflege in Europa (Editor: Deimling). Heidelberg, Kriminalistik Verlag, 1989, pp. 11‑35.

Dorado Montero. Bases para un nuevo Derecho Penal. Buenos Aires, Depalma, 1973.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europa‑América América. Madrid, Es­pasa‑Calpe, pasaTomo XI.

Escuela de Derecho. Libro de Actas de Exámenes de fin de cur­so de la Escuela de Derecho, Tomo I del 29 de diciembre de 1888 al 12 de abril de 1894.

Eser, Albin. Una justicia penal "a la medida del ser humano". En: Revista de Derecho Penal y Criminología (España), No.1, 1998, pp. 131‑152.

Fácultad de Derecho (Editora). 150 años de la creación de la Facultad de Derecho (1843‑1993). San José, Universi­dad dad de Costa Rica, 1993.

Fernández Carrasquilla, Juan. E1 Derecho Penal clásico de Ca­rrara y la dogmática axiológica de nuestros días. En: Revista del Colegio de Abogados del Valle (Colombia), No.19, 1985, pp. 65‑73.

Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón (Traducción: Perfecto Andrés Ibáñez y otros). Madrid, Trotta, 1996.

Ferrajoli, Luigi. Prefacio. En: García Méndez, Emilio/Beloff, Mary (Editores). Infancia, ley y democracia en América Latina. Santa Fe de Bogotá/Buenos Aires, Temis/Depal­ma, 1998.

Ferri, Enrico. Sociología Criminal (Traducción Antonio Soto y Hernández). Madrid, Centro Editorial de Góngora, T. II, 1908.

Ferri, Enrico Principios de Derecho Criminal (Traducción: José Arturo Rodríguez Muñoz). Madrid, Reus, 1933.

Ferri, Enrico. Francesco Carrara. En: Carrara. Programa de Derecho Criminal (Traducción de José Ortega Torres y Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, Tomo 10, l991.

Finzi. La prisión preventiva. Propuestas de reforma precedidas de la traducción castellana de los escritos de Carrara sobre la materia. Buenos Aires, 1952.

Finzi, Vittorio. Francesco Carrara y la campaña por la abolición de la pena de muerte. En: Carrara, Francesco. Programa de Derecho Criminal (Traducción de: José Ortega To­rres/Jorge rres y Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, Tomo X, l991.

Fontán Balestra, Carlos. Tratado de Derecho Penal. San José, Editorial Estudiantil, Tomo I, s.f.

Fumero Vargas, Patricia. Colegio de Abogados de Costa Rica. Ciento veinte años de historia (1881-2001). San José, Colegio de Abogados, 2001.

Gallegos, Alberto. Demanda de la Sucesión de don Mariano Carazo contra don Otto Jonathan Hübbe. En: Foro, Cos­ta Rica, Tomo III, No. 7, 15 de noviembre de 1907, pp. 241‑256.

García-Pablos de Molina, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. Valencia, Tirant lo blanch, 2005.

Garofalo, R.: Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale. En: Archivio di Psichiatria (Italia), No. 3, 1882, pp. 85-99.

Garofalo, R.:  I Pericoli sociali di alcune teorie giuridiche. En: Archivio di Psichiatria (Italia), No. 3, 1882, pp. 380-393.

Garofalo. Indemnización a las víctimas del delito (Traducción: Pedro Dorado Montero). Madrid, La España Moderna, s.f.;

Garofalo. El delito como fenómeno social (Traductor: Lombardía Sánchez). Pamplona, Analecta Editorial, 2004.

Garofalo. La criminología (Traducción de Pedro Dorado Montero). Buenos Aires, B de f, 2005.

Gimbernat Ordeig, Enrique. Estudios de Derecho Penal. Ma­drid, drid, Tecnos, l990.

Grevi, V.: Francesco Carrara e l' "inmoralitá" del carcere preventivo. En: Francesco Carrara nel primo centenario della morte. Atti del convegno internazionale. Lucca-Pisa 2/5 giuno (Editor: A. Antuo­fermo). Milán ,1991, pp. 583-611.

Guier. Jorge. Historia del Derecho. San José, Editorial Costa Rica, Tomo II, 1968.

Hegel, Georg W.F. Filosofía del Derecho (Traducción: Eduardo Vásquez. Caracas, Universidad Central de Venezuela, l991.

Hernández Alfaro, Eugenia María. Reseña histórica 155 Ani­versario 1845‑2000. San José, 2000.

Indoro, De B.: Carrara di fronte alla carcerazione preventiva. En: Francesco Carrara nel primo centenario della Morte. Atti del Con­vegno Internazionale. Lucca-Pisa, 2/5 giugno 1988 (Editor: A. Antu­ofermo). Milán, 1991, pp. 755-760.

Issa, Henry/Arias, María Gerarda. Derechos Humanos en el sis­tema tema penal. San José, UNED, 1996.

Jakobs. Derecho Penal Parte General. Madrid, Civitas, 1995.

Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Berlín/Nueva York, Walter de Gruyter, 1993.

Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho Penal. Buenos Ai­res, res, Tomo I, 1950.

Jiménez de Asúa. Francesco Carrara. Conmemoración del centenario de la publicación del “Programa”. En: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Instituto de Derecho Penal y Criminología. Estudios de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp. 15-29.

Jiménez de Asúa, Luis. La ley y el delito. Buenos Aires, Edito­rial Surameicana, 1979.

Jiménez de Asúa, Luis/Carsi Zacarés, Francisco. Códigos Pe­nales Iberoamericanos. Caracas, Editorial “Andrés Be­llo”, Volumen primero, 1946.

Jiménez, Salvador. Elementos de Derecho Civil y Penal. San José, Imprenta Nacional, 2 Tomos, 1876.

Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las cos­tumbres y otros. México, Porrúa, 1990.

Kant, Immanuel. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Fráncfort del Meno, Reclam, 1994.

Kant, Immanuel. De la conducta moral y política (Editor: Balladares). San José, Libro Libre, 1988.

Kant, Immanuel. La metafísica de las costumbres (Traducción: Adela Cortina/Jesús Conill). Madrid, Tecnos, 1994.

Kant, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. Fráncfort del Meno. Suhrkamp, 1991.

Lamnek. Theorien abweichenden Verhaltens. Munich, 1993.

Laplaza, Francisco. Francisco Carrara. Sumo maestro del Dere­cho Penal. Buenos Aires, Depalma, 1950.

Láscaris, Daniel. Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica. San José, ECR, 1964.

Llobet Rodríguez, Javier. La prisión preventiva (En el nuevo Código Procesal Penal y la Ley de Justicia Penal Juve­nil). San José, Investigaciones Jurídicas, 1999.

Llobet Rodríguez, Javier. Die Unschuldsvermutung und die materiellen Voraussetzungen der Untersuchungshaft. Friburgo en Brisgovia, Max Planck Institut für auslan­disches und internationales Strafrecht, 1995.

Llobet Rodríguez, Javier. Seguridad ciudadana y prevención del delito en Costa Rica. En: Rotman, Edgardo. La preven­ción del delito. San José, Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 7‑66.

Llobet Rodríguez. Javier. Interés superior del niño. protección integral y garantismo. En: Tiffer Sotomayor, Carlos/ Llobet Rodríguez, Javier. La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, ILANUD/UNICEF/ Unión Europea, 1999, pp. 1‑29.

Llobet Rodríguez, Javier. Fijación de las sanciones penales ju­veniles. En: Tiffer Sotomayor, Carlos/Llobet Rodríguez. Javier. La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, ILANUD/UNICEF/Unión Euro­pea, 1999, pp. 79‑155.

Llobet Rodríguez, Javier. El principio del interés superior del niño en la justicia penal juvenil. En: Tiffer/Llobet/Dünkel. Derecho Penal Juvenil. San José, ILANUD/DAAD, 2002, pp. 103-138.

Llobet Rodríguez, Javier. “Justicia penal” en el Estado arbitrario (La reforma procesal penal en el nacionalsocialismo). San José, Editorial Jurídica Continental, 2004.

Llobet Rodríguez, Javier. Cesare Beccaria y el Derecho Penal de hoy. San José, Editorial Jurídica Continental, 2005.

Llobet Rodríguez, Javier/Rivero Sánchez, Juan Marcos. Comen­tarios al Código Penal (Análisis de la tutela de los valo­res de la personalidad). San José, Juricentro, 1989.

Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal (Traducción: José Ortega Torres). Bogotá, Temis, T. I, 1985.

Mantovani, Ferrando. E1 siglo XIX y las ciencias criminales. Bogotá, Temis, 1988.

Mantovani, Ferrando. La teoría de la pena en el pensamiento de Francesco Carrara. En: Nuevo Foro Penal (Colombia), No. 44, 1989, pp. 149‑165.

Martínez Rincones, José Francisco. La preterintención y el De­recho recho Penal. Caracas, Livrosca, 1998.

Martínez Zúñiga, Lisandro. Carrara, precursor de los derechos humanos. En: Nódier Agudelo y otros. Francesco Carrara. Homenaje en el centenario de su muerte. Bogotá, Temis, 1988, pp. 111-132.

Mattes, Heins. Luis Jiménez de Asúa. Vida y obra. Buenos Aires, Depalma, 1977.

Mir Puig, Santiago. El Derecho Penal en el Estado Social y de­mocrático de derecho. Barcelona, Ariel, 1994.

Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del Derecho Penal. Buenos Aires, Editorial B de f, 2002.

Mondolfo, Rodolfo. Cesare Beccaria y su obra. Buenos Aires, Depalma, 1946.

Monge Alfaro, Carlos. Historia de Costa Rica. San José. Im­prenta Trejos, 1966.

Monge Alfaro, Carlos. Universidad de Santo Tomás. En: Facul­tad de Derecho (Editora). 150 años de la creación de la Facultad de Derecho (1843‑1993). San José, Universi­dad de Costa Rica, 1993, pp. 71‑107.

Muñoz Conde, Francisco. Derecho y control social. Jerez, Fun­dación Universitaria de Jerez, 1985.

Oconitrillo, Eduardo. Los grandes perdedores. San José, Editorial Costa Rica, 2000.

Orozco, Rafael. Elementos del Derecho Penal de Costa Rica. San José, Litografía Nacional, 1882.

Padovani, Tullio. El legislador en la escuela de la razón. En: Nódier Agudelo y otros. Francesco Carrara. Homenaje en el centenario de su muerte. Bogotá, Temis, 1988, pp. 7-17.

Paladini, Carlo. Recuerdos de Francesco Carrara. En: Carrara, Francesco. Programa de Derecho Criminal (Traducción de: José Ortega Torres/Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, Tomo X, 1991.

Peñaranda Ramos, Enrique/Suárez González, Carlos/Cancio Meliá, Manuel. Un nuevo sistema del Derecho Penal: consideraciones sobre la teoría de la imputación en Günther Jakobs. Bogotá, Universidad del Externado, 1999.

Platt, Anthony. Los salvadores del niño. México, Siglo XXI, 1982.

Pujol Portuguez, José Luis. El licenciado don Octavio Béeche Argüello. En: Revista del Colegio de Abogados, Tomo V, No. 6, junio de 1950, pp. 177‑187.

Quintano Ripollés, Antonio. La influencia del Derecho Penal español en las legislaciones hispanoamericanas. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953.

Rinaldini, A. von. Beccaria. Bibliographische Skizze. Viena, 1865.

Rodríguez Devesa, José María/Serrano Gómez, Alfonso. Dere­cho Penal Español. Parte General. Madrid, Dykinson, 1994.

Rodriguez Vega. Eugenio. Biografía de Costa Rica. San José. Editorial Costa Rica, 1980.

Romero Girón, Vicente. Prólogo del traductor. En: Carrara. Fran­cisco. Teoría de la tentativa y de la complicidad ó del grado en la fuerza del delito (Traductor: Vicente Rome­ro Girón). Madrid, F. Góngora y Compañía, Editores, 1877

Romero Soto, Luis. Carrara en el ámbito de la cultura penal italiana de su época. En: Nódier Agudelo y otros. Francesco Carrara. Homenaje en el centenario de su muerte. Bogotá, Temis, 1988, pp. 51-61.

Rossi, Paolo. Episodios desconocidos en la vida de Francesco Carrara. En: Carrara, Francesco. Programa de Derecho Criminal (Traducción de: José Ortega Torres/Jorge Gue­rrero) Bogotá, Temis, Tomo X, 1991.

Roxin, Claus. La Parte General del Derecho Penal sustantivo. En: Roxin, Claus/Arzt, Gunther/Tiedemann, Klaus. In­troducción al Derecho Penal y al Derecho Procesal Pe­nal (Traducción: Luis Arroyo Zapatero/Juan Luis Gó­mez Colomer). Barcelona, Ariel, 1989, pp. 17‑80.

Roxin, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Múnich, Verlag C. H. Beck, 1992.

Roxin, Claus. Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad. En: Maier, Julio (Editor). Determinación ju­dicial de la pena. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 1993, pp. 15‑49.

Scalvanti. Oscar. Una lección de Francesco Carrara en 1875. En: Traducción de: José Ortega Torres/Jorge Guerrero). Bogotá, Temis, Tomo X, 1991.

Schone, Wolfgang. Acerca del orden jurídico penal. San José, Juricentro, 1992.

Schünemann/von Hirsch/Jareborg (Editores). Positive General­pravention. Heidelberg, Müller, 1998.

Soler, Sebastián. Carrara y su Programa de Derecho Criminal. En: Carrara, Francesco. Programa del Curso de Dere­cho Criminal dictado en la Real Universidad de Pisa (Traducción: Sebastián Soler/Ernesto Gavier/Ricardo Núñez). Buenos Aires, Depalma, Tomo I, 1944, pp. 1­XIX.

Stone, Samuel. La dinastía de los conquistadores. San José, EDUCA, 1976.

Suazo Lagos, René. Lecciones de Derecho Penal 1. Tegucigal­pa, 1992.

Tiquicia Org. Don Octavio Béeche Argüello. En: www.tiquicia.org/cancilleres/canci.asp?ID=41.

Tomás y Valiente, Francisco. Presentación. En: Beccaria, Cesa­re. Tratado de los delitos y de las penas. Madrid, Minis­terio de Justicia y otros, 1993.

Vegas Torres, Javier. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal. Madrid, 1993.

Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal. Parte General. Bogotá, Temis, 1995.

Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de Derecho Penal. Bogotá, 2004.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. La filosofía del sistema penitenciario en el mundo contemporáneo. En: Cuadernos sobre la cárcel (Editores: Mary Ana Beloff y otros). Buenos Ai­res, 1991.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Ge­neral. Buenos Aires, Ediar, T. II y IV, 1981.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. Criminología. Aproximación desde un margen. Bogotá, Temis, 1993.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte Ge­neral. Buenos Aires, Ediar, 1996.

‑ El señor Ldo. Don Mauro Fernández. En: Foro, Costa Rica, Tomo I, No. 4, 15 de agosto de 1905, pp. 50‑51.

‑ Don Alberto Gallegos. Fígaro, Costa Rica, No. 100, 30 de enero de 1909, p. 5.

‑ In Mernoriam ‑Alberto Gallegos Pacheco. En: El Foro, Costa Rica, Tomo IV, No. 10, 15 de febrero de 1909, p. 298.

‑ Notas. Foro, Costa Rica, Tomo V, No. I, 15 de mayo de 1909, pp. 29‑30.

‑ Carrara. Francesco, http:www.cln.itilpers/page8.shtml.

X. BIBLIOGRAFIA

1. Amnistía Internacional http://web.amnesty.org/library/Index/ESLACT500042005

2. BACIGALUPO, Enrique: “DERECHO PENAL PARTE GENERAL”. Edit. ARA. Primera Edición. Lima 2004.

3. Constitución Política del Perú de 1993.

4. Congreso de la República: http://www.congreso.gob.pe

5. GONZÁLEZ, Ramón Luis. “EL CONCEPTO DE PENA EN LA DOGMÁTICA Y EN LA POLÍTICA CRIMINAL” En. http://www.unne.edu.ar

6. “HECHOS: INOCENCIA” En: http://www.ncadp.org/fact_sheet_inocencia.html

7. ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga. “LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO”. En http://www.bibliojuridica.com.mx

8. LÓPEZ BARJA DE QUIROJA DE QUIROGA, Jacobo. “DERECHO PENAL PARTE GENERAL”. Tomo III. Edit. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima Junio 2004.

9. RANIERI, Silvio. “MANUAL DE DERECHO PENAL”. Tomo II. Edit. Temis. Bogotá 1975.

10. ULLOA DÍAZ, César Humberto y otro. “LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993” En. Revista Peruana de Jurisprudencia. Año 7. Número 54. Edit. Normas Legales.

 Trujillo Agosto del 2005