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Por Gervasio José Artigas Cabrera

Introducción.

En esta monografía voy tratar de desarrollar una idea que me surgió al leer los textos sobre el tema que me ha sido asignado. Sin haber hecho una investigación exhaustiva, puedo afirmar que desconozco doctrina en la cual se haga mención a esta hipótesis, por lo que la considero interesante.

Probablemente haya sido audaz decidirme sobre este tema en particular sin tener mucho conocimiento. Pero considero que este trabajo será la herramienta para actualizarme sobre esta cuestión.

Comenzaré con una conceptualización del “Gran jurado” a modo de introducción en el planteo. Haré una breve reseña acerca del origen histórico de este instituto, antecedentes y sus antiguas atribuciones.

Luego hablaré de su vigencia actual, sus características y sus efectos prácticos. Es decir que haré un estudio sobre su importancia como instituto de garantía para los ciudadanos. Como herramienta eficaz para equilibrar la posición del acusado frente a un sistema inquisitivo reformado como el argentino.

Intentaré mostrar la instauración del Gran Jurado, como el perfecto sustituto del juez de instrucción. Lo que puede ser la solución para el exterminio de los vestigios de la Santa Inquisición que tanto contradicen al Derecho Penal Moderno.

Una vez que haya cumplido con los puntos anteriores, pondré todo mi empeño en destacar las ventajas de esta garantía. Hablare del respaldo que le brinda al sistema acusatorio de procedimiento. De su importancia al separar claramente la parte acusadora, de la parte encargada de juzgar. Lo que consigue al dejar de ser el mismo Estado, a través de sus órganos, el que instruye el proceso y el que lo juzga (sistema acusatorio formal). Además de los beneficios que trae como forma de participación ciudadana, y la tranquilidad que le otorga al acusado, de que el fiscal sea controlado por sus pares. Que no sea la figura del un funcionario estatal, con las ventajas que conlleva para la investigación inquisitiva esta investidura, la encargada de elevar a juicio oral.

Para finalizar daré una conclusión personal sobre el tema, aunque durante todo este trabajo se podrá ver expresada mi posición frente al planteo que pretendo resolver.

Conceptualización del Gran Jurado.

En el sistema anglosajón, la forma de participación ciudadana, se representa en un proceso de juicio por jurados. Este es el llamado sistema clásico. En el presente trabajo, nos ocuparemos de una institución que integra este sistema.

El Gran Jurado o jurado de acusación es un tribunal integrado por ciudadanos convocados al efecto. Su función, consiste básicamente en dar aprobación o no a una acusación, y permitir de esa manera  la apertura del juicio consiguiente[1]. Se distingue del Jurado de Enjuiciamiento o Pequeño Jurado en que, por el contrario, éste ciñe sus funciones a juzgar el caso concreto una vez elevado por el Gran Jurado. A pesar de su clara distinción en cuanto a sus atribuciones, ambos comparten la característica principal de estar formados por legos, y ser instituciones de claro corte acusatorio.

Básicamente podemos conceptualizarlo como “…aquel Tribunal constituido para decidir, a la vista de las diligencias y pruebas practicadas en la instrucción de la causa, o de los indicios resultantes de las mismas, si existió base fáctica suficiente para continuar el procedimiento criminal”[2].  

Existen dos tipos de Gran Jurado los cuales podemos clasificarlos como: a) Ordinarios y b) Especiales. La característica común fundamental en cada caso es la facultad de que gozan de expedir acusaciones ("indictment").

Un Gran Jurado Ordinario tiene un término de vida de 18 meses. Allí se reúnen no menos de 12 personas y no más de 23, los cuales usualmente se escogen de las listas de electores o de otras fuentes análogas. Su función es la de citar personas, escuchar testimonios, requerir "pruebas", evaluar la "evidencia recopilada", etc., con miras a determinar si a un ciudadano debe sometérsele una acusación o no. Su función investigativa es de 18 meses al cabo de los cuales termina su término. Se trata de una estructura permanente. En este sentido, en las jurisdicciones federales siempre habrá una cantidad indeterminada de grandes jurados ordinarios funcionando. Estos están llamados a entender en toda clase de delitos.

El caso del Gran Jurado Especial tiene como premisa distinta, que su objetivo no va dirigido a investigar cualquier situación, sino que los mismos se constituyen para investigar una alegada actividad criminal en particular. Al igual que los ordinarios, éstos se constituyen por 18 meses, pero a diferencia de aquéllos su término de vida puede ser extendido por 18 meses adicionales[3].

Antecedente histórico y sus atribuciones.

Los orígenes del jurado y por ende del gran jurado, se remontan a la época de los normandos. Éstos introdujeron los encuestadores y las asambleas vecinales, que fueron los antecesores de este instituto en el siglo XII y XIII. Su función consistía en realizar un interrogatorio genérico. Pero el fin de éste no era averiguar si tal o cual persona era inocente o culpable de determinado delito, si no que, se les requería que averiguaran sobre los delitos cometidos en el vecindario[4].

Este instituto fue utilizado como organismo policiaco para consolidar la autoridad de los reyes. El Gran Jurado termino por convertirse en un verdadero tribunal de instancia intermedia. Vale decir, una instancia critica de control sobre las investigaciones y la suficiencia de los cargos a ser llevados a juicio. La misión que le incumbe es por lo tanto completamente distinta e independiente de la que corresponde a un jurado de enjuiciamiento[5].

En el siglo XII, en Inglaterra, llego a gozar de aceptación en la lucha contra la corrupción estatal. También en EE.UU., en el periodo siguiente a la revolución, se destaco como fiscalizador respondiendo las demandas de los ciudadanos investigando frecuentemente, los casos de corrupción. Tanto es así que, al sancionarse la Constitución Americana, se sostuvo al gran jurado como institución reverenciada por su utilidad como fiscalizador de la corrupción publica[6].

Hay que reconocer que el Gran Jurado no esta exento de críticas. Por lo general, suelen estar referidas a ciertas modalidades inquisitivas y secretas, que caracterizan su desempeño en la tradición anglosajona. Sin embargo, y a pesar de ello, la institución se mantiene, y se señala como una de sus principales misiones, la investigación de las actividades del gobierno[7].

Vigencia actual, características y efectos prácticos.

En cuanto a su vigencia actual, podemos decir que solo es usado por Estados Unidos. A diferencia de lo ocurrido en Inglaterra, con su eliminación por la Ley de Administración de Justicia del año 1933, EE.UU. recepta este instituto, incluso como una garantía individual en la enmienda V[8].

En éste país, el Gran Jurado, cumple la función de lo que en Argentina seria la instancia de apertura a juicio plenario, receptada en el Código de Procedimientos de los Tribunales nacionales (art.460, 461 y 462). Se trata de dar curso, según se la considere o no suficientemente fundada, a una determinada acusación.

Su potestad esta ceñida a la aprobación de la tarea llevada a cabo por el fiscal, puesto que el organismo no tiene personal ni medio para ocuparse en tareas investigativas o en la recepción de denuncias. Le cabe si escuchar a los testigos de la fiscalia, e incluso a requerimiento, podría escuchar al acusado.

El Gran Jurado y el Ministerio Publico operan, en USA como controles recíprocos uno del otro, ya que una acusación tiene que ser aprobada por los legos en conjunto, pero debe ser firmada por el fiscal federal[9].

Según LaFave & Israel^[10] tiene una  función doble: como revisor y como investigador. Suele hablarse de él como “el escudo y la espada” del proceso penal, destacándose por ser un cuerpo independiente, útil a las preocupaciones de la comunidad en cuanto a evitar acusaciones injustas y a descubrir delitos infructuosamente averiguados por los órganos de investigación comunes[11]. En la primera de estas utilidades nombradas voy a poner mi atención. Es un punto fundamental para sostener la sustitución del juez de instrucción en Argentina. 

Si bien solo diecinueve estados mantiene la obligación del gran jurado (los otros cinco lo mantienen solo para casos capitales) ninguno de ellos lo ha excluido totalmente, y se ha mantenido activo siempre. Sobre todo en la investigación de gobiernos locales, sobre los cuales ha llegado a destituir administraciones municipales enteras[12].

En cuanto a características estructurales, en el “Common Law” tenia una integración numérica de veinticuatro miembros. En los Estados Unidos, en el orden federal se requieren entre dieciséis y veintitrés. Opera con un quórum de dieciséis de ellos y se requieren doce votos para disponer una acusación.

La función revisora tiene relación con los tiempos de la colonia, en la que fueron famosas algunas de sus intervenciones que sirvieron para rehusar acusaciones en contra de opositores de la corona. Esto da la nota que, desde sus orígenes ha servido para limitar el poder estatal.

Si bien la mayoría de los estados lo considera un derecho declinable, en el orden federal resulta irrenunciable para casos capitales. Incluso casi todos los estados cuentan con un número de casos, para los cuales se utiliza el gran jurado. Esto responde a razones claras. Se trata de aprovechar sus mayores atribuciones de investigación, y por otra parte, también de contar con su aprobación revisora  en situaciones políticamente sensibles. Por ejemplo, cuando un caso ha dado lugar a controversias en la opinión publica, el fiscal puede querer compartir la responsabilidad.

Es importante su mayor efectividad en comparación con un magistrado en una audiencia preliminar. El gran jurado posee una mayor independencia en la revisión, mas aun cuando intervienen ciertos factores distorcionantes como las implicancias políticas o la animosidad racial que puede derivar en acusaciones injustas[13].

Por ultimo, cabe referirse a las cuestiones de derecho que este organismo debe afrontar. Por lo general, el fiscal suele ser su asesor, pero pasa asegurar que no sean influidos por éste, tienen la posibilidad de acudir a un tribunal., o incluso algunos estados le conceden un abogado independiente a sus servicios

El Gran Jurado como una garantía.

Esta institución tan llamativa esta considerada, en su país de aplicación, como una garantía individual de carácter constitucional. Así, la Enmienda V dice: “Ninguna persona será obligada a responder por delito capital o infamante, sino a virtud de denuncia o acusación por un Gran Jurado, salvo en los casos que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en milicia, cuando se hallen en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público,…”.

Esto tiene fundamento en que el derecho anglosajón recibió el valor garantista de la tradición acusatoria, propia del antiguo proceso romano[14].

Este sistema acusatorio, consiste en una rígida separación de entre el juez y la acusación, y por otro lado, en la igualdad entre la acusación y la defensa. Aquí es donde el Gran Jurado tomaría el lugar del Juez de instrucción para hacer efectivo estos principios rectores del sistema acusatorio. Es decir, actualmente, el juez de instrucción tiene como función principal la de investigar para procesar. Lo que equivale a acumular en una persona, atribuciones de acusar y juzgar. Al mismo tiempo, significa sustraerle al fiscal, la de investigar y llevar la acusación en forma autónoma.

El sistema acusatorio esta ligado a un modelo garantista, donde el juez es sujeto pasivo, rígidamente separado de las partes. Donde el juicio es una contienda entre iguales, iniciada por la acusación, a la que a su vez, le compete la carga de la prueba. Pero relacionado al tema de este trabajo, el acusatorio siempre fue un sistema acompañado por modelos de jueces populares, sean jurados clásicos o escabinados. Es decir, la participación ciudadana en la administración de la justicia es consecuencia de la garantía de ser juzgador por sus pares, de corte netamente acusatorio.

La separación entre juez y parte, es el más importante de los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. Es la base de las garantías orgánicas estipuladas. Representa, por un lado una condición esencial de imparcialidad del juez de la causa, y por otro, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba que pesan sobre la acusación. Esto se hace posible solamente a través de un jurado convocado al efecto que resuelva la investigación llevada a cabo por el fiscal en forma autónoma.

Seria un importante adelanto para el derecho argentino compatibilizar, en un mayor sentido, el proceso penal con la Constitución Nacional[15]. Al mismo tiempo una forma de eliminar vestigios propios de un sistema, extraño a ella, como el inquisitivo.

Juez de Instrucción. El porque de la necesidad de sustituirlo.

Hemos visto las características del Gran Jurado, ahora llega el turno de analizar una creación de fines del siglo XIII y principios del XIX, de origen francés, que adelantándome en el análisis, puedo decir que nada tiene que ver con nuestro modelo de Constitución netamente inspirada en la Constitución estadounidenses.

Fue el código termidoriano de 1795, y luego el napoleónico de 1808, lo que dio vida a lo que Ferraioli denomina un “monstruo”, nacido de la unión del proceso acusatorio con el inquisitivo, que fue llamado “proceso mixto”. Éste consiste en dos fases, la primera predominantemente inquisitiva, escrita, secreta, y dominada por la acusación publica, como exenta de la participación del imputado privado de libertad durante la misma. Tendencialmente acusatorio en la segunda fase, aunque destinado a convertirse en mera recepción o escenificación de la primera fase.

El autor nombrado, nos explica claramente que es característica de un sistema inquisitivo la iniciativa del juez en el ámbito probatorio, como la desigualdad de poder entre acusación y defensa. Además, el carácter escrito y secreto de la instrucción, significa una limitación clara de la contradicción y el derecho de defensa[16], dando como resultado procesos irracionales y despóticos. 

Es por estas razones que la inquisición cuenta con cinco siglos de procesos penales plagados de torturas y cánones de enjuiciamiento equiparables a una ciencia del horror[17] .  

Por otro lado, el juez de instrucción puede generar temor a la parcialidad. Éste puede derivar del hecho de que conste con amplias facultades para la investigación, y de su influencia o contaminación sobre los jueces del juicio oral. Viola de esta forma el principio de imparcialidad de los jueces. Al respecto la C.N, incluso en el ejemplo del juicio político, se muestra decididamente a favor de la idea de juicio justo. Es por eso que en tres ocasiones( C.N art. 24, 75inc.12, y 118), ha limitado el poder del legislador  procesal, al tomar como modelo el juicio por jurados, y al obligar al Congreso de la Nación a dictar una ley general sobre la materia. No es necesaria demasiada imaginación para advertir que este tipo de enjuiciamiento, solo funciona sobre la base del un tribunal neutral. Tribunal cuyos integrantes no han intervenido en la preparación de la acusación que se juzga en el juicio, ni están afectados por motivo alguno, que funde la sospecha de parcialidad[18].

Incluso, cabe recordar que, cuando el Congreso intento cumplir con el ideal de la C.N, el proyecto distinguía claramente la información preparatoria, la acusación y el juicio, con órganos distintos para cada uno de estos momentos. Pues se partía de la base de separar la instrucción del proceso, de la decisión de él[19]. El respeto de este proyecto al principio de juez imparcial es tan acentuado, que no solo permite la recusación sin causa en materia penal, sino que además, contiene reglas para la recusación de jueces y jurados, que permiten apartarlos con solo tomar plausibles el temor de parcialidad[20].

Otro tema que nos hace replantear la idea de sustituir al juez de instrucción, es la creación del Ministerio Publico[21] y sus funciones actuales, claramente opacadas por el poder del instructor.

Nuestra tradición hispánica, influida por la legislación francesa del siglo XIX,  no sitúa al fiscal como un protagonista de primer orden en el procedimiento penal. La fuerte influencia inquisitiva, no confía en él, desplazándolo a un papel secundario[22]. Son los jueces quienes, durante el procedimiento preliminar de investigación, como durante el juicio, dominan el procedimiento. El juez de instrucción es amo y señor del primer período procesal, pero lamentablemente influye a través de sus actas, también en los períodos siguientes, y sobre todo en el juicio público.

Se caracteriza por la amplia concesión de facultades de investigación directa, tarea sin duda excepcional para el concepto de juez. Facultades que se expresan mediante la posibilidad que tiene de incorporar pruebas de oficio al debate[23], o de agregar a él, una serie casi ilimitada de actas de instrucción[24], incluso reabriendo el debate ya concluido, cuando lo juzgan necesario[25]. Hasta la propia acusación, base del enjuiciamiento, puede provenir materialmente de la decisión de los jueces, según lo dispone el CPP 348, II.

Son estas las razones por la que la tarea y función de la fiscalía, ha quedado reducida al control de la actividad de los jueces mediante los mecanismos del procedimiento (sobre todo los recursos y consecuentemente, los dictámenes obligatorios anteriores a las decisiones). Por eso la afirmación de que en este sistema, fiscales y jueces, sólo se distinguen formalmente, según el valor que la ley procesal atribuye a sus actos, pues ambos cumplen una misión material idéntica[26].

Conclusión personal.  

Como dije en la introducción a esta monografía, mi opinión personal aparece claramente expresada a lo largo de este trabajo. Pero en este punto trataré de cerrar la hipótesis que planteo como centro de gravedad en estas paginas.

Antes que nada me parece que, actualmente, una de las más grandes contradicciones entre el ideal de la C.N y nuestro proceso penal, es el hecho de que, luego de ciento cincuenta y dos años, no se haya instaurado aún el juicio por jurados. Todo demuestra que el derecho históricamente ha respondido a intereses políticos, que evidentemente no fueron los mismos en 1853/60 que en 1939 (Código Procesal Cordobés, fue el que inicio la corriente del sistema mixto[54]). Es por eso que propongo una reforma en este sentido. Pero soy conciente de que el jurado, en Argentina, no goza de suficiente aceptación como para ser implantado de lleno y en forma repentina. El cambio debe ser progresivo, y que mejor forma de dar el puntapié inicial, que eliminando el instituto que representa otra de las grandes contradicciones en el derecho constitucional aplicado.

Pretendo lograr dos cambios básicos para el respeto de las garantías y derechos individuales, que pueden considerarse como dos caras de una misma moneda. No puede implantarse el juicio por jurados en un sistema inquisitivo reformado, porque seria una importación de naturaleza totalmente contraria a éste. La otra cara esta dada por el hecho de que eliminado el juez de instrucción, nuestro sistema pasaría a ser netamente acusatorio, o al menos acusatorio formal, lo que permite que la participación del jurado en la administración de la justicia, funcione como lo hace en el derecho anglosajón. Que por cierto ha dado, históricamente, buenos resultados.

Es necesario que el cambio sea en ambos aspectos, porque es la única forma de que sea duradero y efectivo.

Lo importante no es solo criticar los institutos que se consideran una falla en el sistema, sino proponer alternativas que por sus características e implicancias, no se transformen en utópicas. 

Si pretendemos encontrarle fallas el propio Gran Jurado, las encontraremos[55], pero no corresponde a este trabajo. Porque de lo que se trata es de ir evolucionando, y en cuanto a lo que propongo me parece que podría ser un gran paso para el derecho procesal argentino.  

Por Gervasio José Artigas Cabrera.