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        No obstante lo extendido del uso coloquial de la gráfica expresión que da título a este trabajo, lo cierto es que la primera observación que puede formularse es, desde lo técnico, que resulta muy discutida la existencia misma de una categoría de delitos con autonomía en la dogmática penal que podamos denominar "informáticos" o, incluso para quienes la afirman, cuál es su contenido. No debe verse en ello una ignorancia -por parte de una significativa cantidad de penalistas-, de la trascendencia que en la vida cotidiana, que en nuestra sociedad, ha alcanzado la informática, ya que ante nuestra disciplina se reconoce a aquella, sobre todo, como un factor criminógeno . Menos aún, la inadvertencia de sus cambiantes particularidades fenomenológicas. En nuestro país, habida cuenta las carencias legislativas que median para aprehender una significativa porción de las nuevas realidades que ha generado el progreso tecnológico, los cuestionamientos a la existencia de la categoría cuentan con la facilidad que brinda la obviedad de la incorrección técnica de llamar "delito" a algo que no ha sido tipificado como tal.

        Anticipo que estas dudas no son originales de la doctrina argentina, sino comunes en el ámbito del derecho comparado, incluso en aquellos países con mayor tradición legislativa en la materia, que no son otros que en los que primero se enfrentaran con las novedosas modalidades de cometer delitos que ofrece el medio informático. Frente a lo problemático que ha tornado el lograr una noción que obtenga consenso para definir al "reato informatico", nos indica la italiana Claudia Pecorella que se verifica una suerte de renuncia a lograr un concepto "internacional" del fenómeno y, en su lugar, la consideración como más oportuna de la directa referencia a una precisa tipología de "computer crimes", tendencia en progresiva afirmación favorecida por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo .

        Dentro de nuestro margen continental, los autores chilenos Magliona Markovicth y López Medel señalan que para poder limitar el fenómeno de las acciones delictuales que guardan relación con la informática, es preferible optar por una denominación genérica, flexible, como sería "delincuencia informática o criminalidad informática", sin circunscribirse a términos rígidos "como sería por ejemplo delito informático" porque "la palabra delito tiene un significado preciso en el derecho penal, que no permite incluir conductas que se encuentren tipificadas, pero que merezcan ser penalizadas". Siguen así la línea marcada por los españoles Romeo Casabona y Gutiérrez Francés . Esta última señala que puede hablarse de "criminalidad o delincuencia informática" como categoría exclusivamente criminológica y de carácter funcional, para aludir en forma conjunta a los problemas que las nuevas tecnologías presentan al ordenamiento penal, cuyo contenido está llamado a disminuir progresivamente hasta quedar reducido a sus justos términos como criminalidad informática stricto sensu, comprensiva "de aquellas conductas que son realmente de nuevo cuño, producto genuino de las nuevas tecnologías de la información".

        De todos modos, en lo coloquial y en lo técnico (particularmente por quienes propugnan la independencia del llamado "Derecho Informático"), la voz "delito informático" o "computer crime" es de uso extendido , habiendo sido definida por la antes citada OCDE como "cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado, relacionado con el proceso automático de datos y las transmisiones automáticas de datos", mientras que el Depto. de Justicia de Estados Unidos definió al delito informático como "cualquier acto ilegal que requiera el conocimiento de tecnología informática para su perpetración, investigación o prosecución". Siguiendo los perfiles de la primera, Claudio P. Ossa Rojas define en sentido genérico al delito informático como "cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada atentatoria tanto contra bienes propiamente informáticos como tradicionales, que se realice mediante el uso y/o la aplicación de tecnologías informáticas" . En la doctrina nacional se ha criticado la vaguedad de este orden de definiciones, en las que se abarcan comportamientos de disímiles características, también variados resultan los bienes jurídicos que afectan y, en definitiva, considerándose que estos son simplemente agrupados bajo el rótulo de "delitos informáticos" por su relación con el ordenador . Desde este punto de vista, más que de nuevos delitos se trataría de nuevas modalidades para cometer "viejos" ilícitos. En ejemplo de Creus, el delito de intimidación pública (art. 211 del CP), en el que la amenaza de peligro común puede perfectamente ser perpetrada por un medio electrónico de difusión masiva como Internet . Autores como Jijena Leiva, entienden que casos como el citado no son de "delitos informáticos propiamente tales" (que deben ceñirse a los hechos característicos del ámbito informático, único campo en el que pueden cometerse, como la actividad de hacking o la introducción de virus informáticos), sino de "delitos computacionales", categoría que comprendería todas las hipótesis delictivas que admiten ser encuadradas dentro de los tipos tradicionales, ya que en ellas las medios informáticos sólo han sido una específica herramienta de comisión .

        Dejando de lado la cuestión terminológica, se tratará aquí de fundamentar la necesidad de adecuar los tipos penales nacionales a las exigencias que en el presente plantean los avances tecnológicos (conjunto de conocimientos científicos, técnicos y artesanales que permiten producir un bien o servicio). Las denominadas "nuevas tecnologías" nacen luego de la 2º Guerra Mundial y suele agrupárselas en tres grandes ramas: tecnologías de la información, biotecnologías y tecnologías de los nuevos materiales, siendo las primeras las que particularmente nos interesan en función del uso y aplicación que de ellas se haga. Como se advierte de ello y se verifica en la diaria experiencia, es claro que la utilización de recursos y medios informáticos dista en el presente de ser algo novedoso. Sin perjuicio de ello y a diferencia de lo que se observa en el derecho comparado, donde se verifica en las dos últimas décadas la creciente presencia de legislación específica (así, por ej., Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España o, en nuestro continente, Chile), en nuestro caso el interés del legislador es reciente y plasma en un mínimo pero difuminado grupo de figuras.

        Es importante destacar de inicio que, lejos de la pretensión de fomentar aún más el fenómeno de inflación legislativa penal, en el caso que nos ocupa entiendo media una necesidad legítima de provocar una urgente actualización legislativa. Como afirma Möhrenschlager, algunos casos de abusos relacionados con la informática deben ser combatidos con medidas jurídico-penales, pero el Derecho Penal tradicional presenta, al menos parcialmente, relevantes dificultades para aprehenderlos derivadas en buena medida de la prohibición jurídico-penal de analogía y, en ocasiones, son insuperables por vía jurisprudencial, por lo que urge adoptar medidas legislativas . Estas encuentran entonces una doble vía de justificación:
 a) porque frente a las divergencias interpretativas que tanto la jurisprudencia como la doctrina han evidenciado para la subsunción típica de determinadas conductas respecto de las que hay consenso sobre su grave disvaliosidad, dicha actualización traerá la imprescindible seguridad jurídica en materia punitiva que demanda el principio de legalidad;
 b) porque frente las facilidades que brindan las tecnologías de la información para una actuación delictiva transnacional, este paso que se propone es coherente con postulados de cooperación internacional y, ante un medio de naturaleza globalizada como la Internet, evita la formación de una suerte de "paraísos" para el desarrollo de la delincuencia informática.
        En este sentido debe recordarse que los primeros casos de "delincuencia informática" fueron cometidos y detectados en USA, pero su extensión y generalización fue inmediata, distinguiendo inicialmente dos categorías:
 a) Aquella en la que la computadora es utilizada como un instrumento para la comisión de un delito.
 b) Aquella en la que la computadora es vista como el objetivo para la comisión de un delito.
       Sobre esta distinción articuló su propia definición de "delitos informáticos" la Comisión Prelegisladora de Chile, que en su oportunidad los concibió como "toda acción típica, antijurídica y culpable, para cuya consumación se utiliza o afecta una computadora o sus accesorios" . Se siguió así el modelo de la American Bar Association ante el Congreso de USA en 1984, concepto que gozó de gran arraigo en Europa pero, como destaca Gutiérrez Francés, de escasa fuerza delimitadora si se tiene en cuenta que las computadoras pueden ser "instrumento" en prácticamente toda clase de comportamiento criminal y "objeto" de buen número de ellos .

        Asimismo, suele distinguirse tres grupos básicos de delitos mediante el uso de computadoras:
 a) Delitos económicos (defraudaciones, estafas, espionajes y sabotajes).
 b) Delitos contra derechos personales (atentados contra la privacía).
 c) Delitos contra intereses supraindividuales (seguridad nacional).

        La enunciación de los factores que convergen a la presencia de este nuevo marco de relaciones sociales excede largamente la pretensión de esta ponencia, para cuya fundamentación estimo que basta con el dato de la realidad vivencial de hallarnos en plena "era de la informática", donde pocas dimensiones de nuestra vida no se ven afectadas, dirigidas o controladas por el ordenador directa o indirectamente. La banca, los seguros, los transportes, la educación, la bolsa, el tráfico aéreo y terrestre, las administraciones públicas en su conjunto, dependen, en gran medida, de las computadoras y basta una computadora personal, un módem y una línea telefónica para acceder a los sistemas de redes que los sostienen. Esta facilidad que, naturalmente, debe operar para mejorar en distintos aspectos nuestra calidad de vida, también brinda un nuevo marco de posibilidades para la realización de diversas conductas disvaliosas y nos enfrenta a nuevas facetas que adquieren viejos interrogantes.

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