Los
grupos pro aborto sostienen que éste es un campo de grandes injusticias
sociales.
En Guatemala el aborto está prohibido y se castiga con entre seis meses y
tres años de cárcel.
El aborto está permitido por
razones socio-económicas, cuando el feto presenta anomalías, y cuando hay
riesgo para la vida o salud de la madre.
En El Salvador, según el Código Penal vigente desde 1998, se
pena el aborto en todas las circunstancias, y se castiga a la mujer, a quien
se lo practique, o lo facilite, con entre dos y ocho años de cárcel.
Antes de 1997, fecha en que se reformó el Código Penal, se podía recurrir
al aborto cuando la mujer corría peligro, cuando el embarazo era consecuencia
de una violación y cuando existían probabilidades de anomalías en el feto
El Código Penal hondureño considera el aborto la "muerte
intencional de un ser humano en cualquier momento del embarazo", y lo
castiga con entre tres y seis años de cárcel.
Sin embargo la Secretaría de Salud Pública distribuye al menos
desde 2004 píldoras anticonceptivas de emergencia, o "del día
después", según denuncias de la Iglesia católica en ese país.