Sobre Rubén recayó la sospecha de haber sido autor de un delito grave. Fue detenido y puesto en prisión. Luego de meses de esperar que se llevase a cabo el juicio, que determinaría si era culpable o inocente, el juez dispuso que saliese de la cárcel y permaneciese en su domicilio sujeto a una pulsera que transmitiría a un centro de monitoreo sus movimientos, avisando cualquier transgresión al compromiso de no salir de su casa.

         Al conocer la decisión alguien podría pensar que es favorable y, efectivamente, entre estar entre rejas y estar en su domicilio, el reo preferirá lo segundo. Sin embargo, cabe hacer las siguientes reflexiones: La prisión preventiva es una medida cautelar; un mecanismo destinado a prevenir la posibilidad de que el juicio pueda llevarse a cabo con la presencia del imputado, que éste  no vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad o, en su caso, que la sentencia que condene a la privación de la libertad pueda hacerse efectiva. Pocos admiten que este instituto es, en esencia, una pena. No lo aceptan pese a que su propio nombre, prisión, así lo indica; como que impide a quien la sufre el ejercicio de la posibilidad de deambular. Ergo, si es una pena, imponerla se da de bruces con la regla del art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto dispone que nadie puede ser condenado sin juicio previo. Pero la realidad es que el Estado, a través de su Policía, Fiscalía y jueces, se impone: no dejará fácilmente que un sospechoso siga viviendo como si nada, hasta el momento en que el proceso termine con una sentencia firme que lo condene a prisión. Es una cuestión política dado que los funcionarios quieren demostrar que son eficaces en la labor de investigación, detención y castigo que se les ha confiado. Porque, castigando con prisión –preventiva o definitiva- creen dar respuesta a los requerimientos de la prensa, de los vecinos, de la víctima y de los familiares de ésta. También porque están convencidos de que, procediendo así, impiden que el sospechoso cometa nuevos delitos.

        

Hay otra razón por la cual se da paso a la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, que tiene origen norteamericano: El Estado no tiene capacidad económica para mantener tantos prisioneros; siquiera el de la mayor potencia mundial: Estados Unidos tiene 2,2 millones de personas en la cárcel. El sistema penitenciario reúne más habitantes que el Estado de Nuevo México. Se trata de la población carcelaria más grande del mundo, por delante de China y más que la de 35 países europeos juntos. Un 25% de las personas encarceladas en el mundo están en EE UU, que tiene un 5% de la población mundial. El sistema cuesta 80.000 millones de dólares al año.

Esta realidad ha llevado a buscar medios alternativos que, bajo la postulación eufemística de humanizar el sistema penal, lo que procuran es remediar la incapacidad del propio Estado. Comenzaron a usar el control electrónico los Estados Unidos de América en 1984. Se afirma que no fue hasta entonces cuando surgió el problema de la superpoblación carcelaria y la necesidad de reducir los costes del sistema penal. En nuestro país, en tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dictó el año pasado una resolución disponiendo que al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control. Las razones que el mecanismo de vigilancia electrónica contribuirá a mitigar el impacto negativo de la privación de la libertad y a promover una mayor integración de la persona con su núcleo familiar y la comunidad. El Protocolo de actuación para la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica del arresto domiciliario obliga a describir el domicilio y los detalles de construcción de la vivienda. Además barrio, vecindad, accesibilidad actual y futura, conformación del ámbito familiar que cohabitará en el domicilio, si existe línea telefónica cableada propia, apta para emitir y recibir llamadas, disponibilidad de cobertura de telefonía celular, suministro de energía eléctrica propia y dimensiones de la propiedad, etc.

En suma: Antes el Estado estaba siempre vigilando a través de los ojos del carcelero; aprovechando los avances de la tecnología el Estado está siempre vigilando, ahora a través de los sistemas electrónicos. Con lo cual, simultáneamente, priva al reo del derecho elemental de estar a solas. 

          

 03/2016