Desde hace unas décadas muchos países, incluso el nuestro, han incluido en sus textos constitucionales preceptos en protección de los derechos de los pueblos aborígenes, lo que ha traído algunos problemas de difícil solución. Siempre recuerdo que estando una vez en Auckland leí en un diario de allí que grupos de la comunidad maorí habían reclamado –y obtenido- la devolución de unas tierras que antes de la llegada de los europeos habían albergado un cementerio tribal pero, alentados por el éxito del reclamo, exigían la devolución del terreno de la propia ciudad de Auckland diciendo que en ese sitio había existido un asentamiento de los naturales de la tierra que ahora se llama Nueva Zelanda.

         Esta introducción, tiene el objeto de exponer algunas cuestiones vinculadas a la aplicación de la ley penal en países en los cuales no existe un origen común y, por consiguiente, tampoco una cultura uniforme.

         “La ley se presume conocida por todos” dice un aforismo; pero ello no pasa de ser una simple declaración: primero, porque no tiene correlato con la realidad y segundo, porque hace referencia a la ley del grupo humano dominante. En definitiva, y como en muchos órdenes, es la fuerza la que prima. Un gran jurista italiano, Francesco Carrara, que enseñó en Pisa a mediados del siglo XIX decía: “La delgada tela de la justicia es destruida fácilmente por la bala del cañón”.

         De todas maneras, la mayoría cree que la ley es expresión de soberanía. Así como no puede haber un país sin territorio, sin gobierno, sin historia, tampoco puede haber un país sin ley común. De manera que, cualquiera fuese el origen étnico, cualesquiera sean las creencias, si están de acuerdo o no con su sentido, todos deben ajustarse a las mismas normas.

         Lo dicho hasta aquí refleja el derecho positivo vigente. Pero la realidad no es tan diáfana a la luz de la convivencia de distintas culturas en un mismo territorio, lo que ocurre por la historia –como antes referí- o por las migraciones; tan frecuentes en el mundo contemporáneo. Grupos humanos se desplazan e insertan en países que no son los suyos, llevando sus propias pautas culturales que muchas veces chocan con las del lugar que los acoge.

         Y ahora viene la explicación del título: Una comunidad aborigen estaba (aparentemente, como veremos después) integrada a la cultura europea: Veían la televisión nacional, los niños concurrían a las escuelas públicas oficiales, pagaban impuestos, acataban la autoridad comunal y a la policial, etc. Nadie hubiese encontrado muchas diferencias con otras localidades del mismo país habitadas por gente de origen europeo.

         Pero un volcán entró en erupción y la lava se dirigía hacia el pueblo. En ese momento, aterrorizados, los pobladores se olvidaron de las pautas culturales europeas y recurrieron a sus antiguas creencias y decisiones: buscaron a quien reconocían como su cacique y le reclamaron que aplacara a los dioses que habían desatado la furia del volcán, ofreciéndoles en sacrificio a su hija. Así se hizo. El cacique le sacó el corazón y se lo mostró al volcán pidiendo piedad para su pueblo.

         ¡Tamaño problema legal originó este episodio! pues según la ley derivada de la cultura europea, se trataba de un parricidio, al que correspondía la pena de prisión perpetua. Y según la ley aborigen, era un acto justificado: se había causado un mal –la muerte de la niña- para evitar otro mayor inminente como era la posible muerte de todos por obra de la lava.

¿Cuál es la ley aplicable?

         Los doctrinarios y los jueces que tienen que resolver casos semejantes elaboran distintas teorías las que no es posible que yo exponga en este breve artículo que tiene como finalidad sólo la de advertir sobre uno de los problemas jurídicos más complejos a los que se enfrenta la Humanidad en nuestra época.

        

  03/2013